En los próximos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá, en su facultad de última instancia, sobre la legalidad de la elección para gobernador de Puebla de la que Martha Érika Alonso fue la candidata triunfadora, en una jornada sin precedentes por tres razones principales.
Primero, nunca antes una contienda para elegir al mandatario de esa entidad había captado más de tres millones de votos, que en este caso representa la participación de 67% del padrón. Segundo, es la primera ocasión que un aspirante gana con más de un millón 153 mil votos y, tercero, la diferencia sobre su más cercano contendiente va por arriba de los cien mil sufragios.
Estas cifras pueden sonar frías, pero son muy relevantes. Por un lado, dan cuenta de que el día de la jornada existieron condiciones para que la voluntad ciudadana se expresara de manera amplia en todo el estado y con total libertad, por el otro, el margen de victoria de Martha Érika sobre el aspirante de Morena es amplio, del orden de cuando menos cuatro puntos porcentuales, lo que indica una clara expresión ciudadana a favor de la candidata del Partido Acción Nacional.
Aun así, Morena ha querido impugnar la elección a gobernador a golpe de difamaciones. A ellas, en etapas previas al análisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las autoridades electorales federales y locales han corroborado en seis distintas ocasiones que el sentido de los votos favorece, de manera consistente, a Martha Érika Alonso.
En otras palabras, desde la cuenta de sufragios al término de la jornada del primero de julio hasta el recuento total de votos ordenado casi tres meses después por el mismo Tribunal Electoral, a finales del mes de septiembre, la media docena de ejercicios comprobó la coherencia del resultado que marca la derrota del abanderado de Morena en las urnas.
Asimismo, como ha sido público, otras instancias independientes, como el Instituto Nacional Electoral o la Fepade, fueron desmontando las distintas falsedades que la coalición Juntos Haremos Historia quiso sembrar a lo largo del proceso constitucional, con el fin de pasar por encima de la voluntad de los poblanos.
Por todo lo aquí expuesto, desconcierta el proyecto de anulación de la elección presentado por el magistrado José Luis Vargas. La ponencia va en sentido contrario a toda la evidencia jurídica desahogada a lo largo del proceso, ya que este funcionario del Poder Judicial pretende justificar una elección extraordinaria a partir de una supuesta violación de la cadena de custodia de la documentación electoral. Como suelen decir los abogados, en materia electoral la anulación de una elección requiere de irregularidades
graves, dolosas y determinantes en la definición del resultado.
Sin embargo, en el caso de Puebla, el resultado a favor de Martha Érika ha sido consistente a lo largo del tiempo, incluso comparando los momentos anteriores y posteriores a los días donde el magistrado señala que, desde su perspectiva personal, supuestamente se violó la cadena de custodia, por lo que las causales de nulidad no se actualizan y como señaló el PAN, el proyecto resulta en sí un verdadero absurdo a la razón jurídica.
Esto porque el magistrado Vargas reconoce que no hay variaciones en los sufragios registrados a la candidata panista entre el primer cómputo realizado por ciudadanos el primero de julio y el recuento “voto por voto, casilla por casilla” instruido por el mismo magistrado hace unas semanas.
En el contexto descrito, el de la evidencia jurídica que ha aclarado el apego a la legalidad del proceso y el de la débil argumentación del magistrado Vargas, deja entrever que el proyecto es nada más y nada menos que una lamentable respuesta a la presión política destinada a obviar el estado de Derecho.
Lo grave es que si esta situación se convierte en un precedente efectivo, se estaría abriendo la puerta a que el chantaje político sea un elemento suficiente para despreciar el voto de cientos de miles de electores, así como la labor responsable de aquellos que se desempeñan como funcionarios de casillas.
En los partidos integrantes de la coalición Por Puebla al Frente tenemos la confianza en que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pondrá la cosas en su lugar y, tras un análisis objetivo, ratificará la victoria de Martha Érika Alonso obtenida de manera legítima en las urnas, al no existir un solo elemento grave y determinante para anular la elección. Así, el Poder Judicial será garante de la voluntad ciudadana expresada en la jornada del primero de julio.
Militante del PAN
Source: Excelsior
