La averiguación de Odebrecht de corrupción en el gobierno de Peña Nieto es como un elefante en medio de la sala de la justicia que todos ven con alarma, menos la institución encargada de atraparlo, la PGR. El enorme paquidermo es de la especie de la mayor red de sobornos de la constructora brasileña en América Latina, pero la opacidad y obstrucción de las indagatorias en México han impedido traspasar su piel dura y gruesa. La situación, sin embargo, podría cambiar si se visibiliza el expediente y envía un mensaje a otros casos que también invisibiliza la oscura actuación de la fiscalía.

El giro en el curso de la investigación puede venir de una orden que aprobó el Inai para exigir a la PGR abrir la carpeta contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y otros funcionarios acusados de delitos de cohecho y enriquecimiento en contratos de obras con la constructora, como confirma la PGR. El Inai, también ajeno al escándalo durante largo tiempo, finalmente vio al gran paquidermo instalado en el debate público y acordó exigir el acceso a la información sobre el estatus de la indagatoria por su “interés público”. Ello permitiría determinar la actuación del MP en el caso, cuyo desempeño está en entredicho por no ofrecer ningún resultado.

Desde su renuncia, hace un año a la PGR, Raúl Cervantes adelantó que la indagatoria de Odebrecht estaba lista como una “bomba de tiempo” para explotar sobre este “complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de ocultar el dinero en paraísos fiscales, (que) puso a prueba nuestra determinación y nuestras instituciones, dijo a legisladores. La gravedad de sus declaraciones justificaba la aplicación del principio de “máxima publicidad” porque la sociedad deja de ganar más que si se mantiene la reserva de la averiguación, pero el Inai ha sido reticente a cumplir con ese criterio legal con la excusa de faltar el nombramiento del fiscal Anticorrupción.

La presión política con descalificaciones del hoy presidente electo, López Obrador, de organizaciones civiles y hasta voces del interior del SNA, han obligado al Inai a modificar su postura y elevar la preminencia del principio constitucional sobre otras consideraciones políticas como la reforma al MP. La notificación ahora incluye una disposición de “verificación” para evitar recibir un expediente con páginas “en negro” por la protección de datos personales.

México es el único país de América Latina en que las denuncias de corrupción sobre Odebrecht han dejado sólo sanciones administrativas a funcionarios menores. El elefante de Odebrecht en la sala de la justicia estuvo también cubierto por su propio manto hasta que, en agosto pasado, una juez suspendió un amparo de Lozoya para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR lo interrogue, aunque otro luego lo amplió para impedir que se judicialice la investigación en su contra.

En efecto, el mamífero ha logrado resquicios legales para ocultarse, a pesar de su tamaño, notoriedad y alarma pública. Al punto de que después de más de dos años de indagatorias no han sido citados a declarar Lozoya ni Miguel Messmacher, el funcionario de Hacienda que aprobó exceptuar a Odebrecht de un proceso de licitación para adjudicarle los contratos de la refinería de Tula. A pesar, incluso, de visible antecedente de las denuncias de exfuncionarios de Odebrecht que señalan al exdirector de Pemex de haber recibido sobornos en la campaña presidencial del PRI en 2018 en pago de la promesa de futuros contratos.

El giro en la investigación ha podido darse con las mismas reglas de juego institucionales a las que el Inai ha apelado para inhibir el ejercicio de su autonomía. El nuevo fallo es un buen ejemplo de que puede jugar un real papel de contrapeso en temas de corrupción con el marco legal actual si se desata del proceso político. Ése, el camino para repavimentar la transparencia, como reconoció Peña Nieto sobre el balance de su sexenio en materia de corrupción.