Los diputados del PAN y PRI en Guanajuato se comportaron de la misma manera que los legisladores de AMLO en el Congreso federal. Es fundamental que se mantenga una consistencia y compromiso firmes con los principios democráticos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador intentó reestructurar el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Plan B, lo cual ha generado controversia. Su propósito era despedir a los trabajadores especializados en temas electorales, permitir a los partidos realizar proselitismo y actos anticipados de campaña. Para lograr esto, se propuso modificar cuatro leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Comunicación Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de que el plan fue aprobado rápidamente y sin debate en diciembre de 2022 por la mayoría conformada por Morena-PVEM-PT en el Congreso, la sociedad civil y los partidos de oposición respondieron de inmediato y de manera contundente.
Los partidos políticos de oposición, PAN, PRI y PRD, presentaron una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan B. Argumentaron que este plan iba en contra de principios constitucionales, ponía en riesgo la democracia y restringía los derechos humanos.
El 8 y 9 de mayo reciente, la SCJN anuló el Plan B debido a que el proceso legislativo fue violado, ya que la mayoría impidió la discusión y la transparencia, privando a la sociedad de su derecho a participar y tomar decisiones. Además, se encontraron aspectos inconstitucionales en el Plan B, como permitir la propaganda electoral por parte de los funcionarios públicos.
Después de estas afirmaciones, los líderes de Morena, incluyendo al presidente López Obrador, expresaron su desacuerdo. López Obrador consideró que la decisión de la SCJN era una intromisión en el poder legislativo y calificó a la Corte como el "protector de los conservadores". Por otro lado, Mario Delgado, líder nacional de Morena, consideró que esta resolución desafiaba la división de poderes.
No obstante, lo que resulta sorprendente es la actuación posterior de los legisladores en Guanajuato. De manera irónica, los diputados locales del PAN y PRI replicaron una conducta similar a la de los legisladores federales seguidores de López Obrador. Esta hipocresía quedó al descubierto el 23 de mayo, pocos días después de que la Corte fallara en contra del Plan B, cuando aprobaron rápidamente una reforma electoral en Guanajuato, la cual luego fue invalidada por la SCJN debido a razones similares, después de ser impugnada por los diputados de Morena y los Verdes de Guanajuato, quienes utilizaron los mismos argumentos que los legisladores federales del PAN, PRI y PRD utilizaron para impugnar el Plan B.
Estos sucesos ponen de manifiesto una tendencia inquietante: la disposición de nuestros representantes políticos a poner de lado el proceso democrático en favor de sus propias agendas políticas. Tanto en Guanajuato como en el Congreso Federal, los diputados del PAN, PRI, Morena, PVEM y PT actuaron de manera similar.
Hasta anoche, ningún miembro destacado de Morena había expresado su desacuerdo con los ministros de la SCJN por anular la reforma aprobada sin respetar los derechos de la minoría por los partidos PAN y PRI en Guanajuato.
Independientemente de la afiliación política, es fundamental que nuestros legisladores mantengan una firmeza y un compromiso indestructibles con los principios democráticos. Lamentablemente, parece que no comprenden esta premisa.
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