Por Azul Etcheverry Aranda*

Estamos en la segunda consulta nacional en menos de un mes, en esta ocasión para “decidir” el futuro de 10 proyectos de gran envergadura con impacto directo en el futuro de muchos mexicanos. Sin embargo, se repite la tónica del primer ejercicio, los procesos vuelven a ser apresurados y sesgados, ya que no se contará con la representatividad constitucional mínima que supondría la “elección popular” de programas de tal magnitud.

A pesar del poco tiempo que tiene de haberse realizado la primera consulta, donde se han señalado una infinidad de defectos en su concepción y ejecución, se vuelve a implementar para consultar los 10 proyectos más ambiciosos del nuevo gobierno. ¿Cuáles son estos proyectos y por qué someterlos a consulta ciudadana? El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta consulta tiene como objetivo tranquilizar a sus adversarios, quienes le han cuestionado la necesidad de estos ejercicios públicos, cuando estos proyectos ya tienen recursos asignados e incluso fecha de inicio de obras, como el Tren Maya.

Además del Tren Maya y el Tren del Istmo, los cuales resultan polémicos por la ausencia de estudios concretos sobre su impacto ambiental, así como el no consultar previamente a las comunidades indígenas ahí asentadas; se estarán consultando 8 puntos más que resultan transcendentes para el futuro mismo del país.

En orden de consulta, se buscará la aprobación del uso de 50 mil millones de pesos para la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, con la promesa de que estará lista en 2021 y será en beneficio de la economía nacional. Recordemos que esta fue una de sus promesas más populares durante la campaña electoral y con mayor respaldo por parte de la ciudadanía.

Se busca también el visto bueno de la ciudadanía para la explotación de árboles frutales y maderables a lo largo de un millón de hectáreas del sureste de México, lo que se  traduciría en 400 mil empleos permanentes. Lo anterior, mediante un apoyo mensual al ejidatario, asesoría técnica y los medios para establecer la plantación de árboles frutales en un plan de 3 y 5 años para, posteriormente, obtener resultados a partir de la producción de maderas preciosas.

Sin mayor detalle, se pedirá consentimiento para aumentar la pensión a los adultos mayores a mil 274 pesos mensuales, estableciendo la edad de jubilación en 68 años. En el caso de los jóvenes, se propone becar con tres mil 600 pesos al mes hasta por un año a 2.6 millones para que comiencen a generar experiencia laboral. A 300 mil más de ellos se les apoyará con dos mil para continuar sus estudios, así como a todos los estudiantes de escuelas públicas de  nivel medio superior, para evitar la deserción.  Esto requeriría un presupuesto mayor al que tuvo la Secretaría de Desarrollo Social en 2018.

Asimismo, se votará por pensionar a un millón de personas con discapacidad, dándoles acceso a atención médica especializada. Sucesivamente se le preguntará a la gente si está de acuerdo en brindar atención médica a quienes no tienen acceso a servicios de salud y, por último, el proporcionar internet gratuito en todo el país.

Son 10 puntos de gran trascendencia los que serán consultados por alrededor de un millón de personas (estimación de participación) y que representan un impacto profundo en el tejido nacional, por lo que se esperaría que este plebiscito se hiciera dentro de los parámetros que establece la Constitución. Estamos en los albores de una administración sin contrapesos políticos, los cambios legislativos “a modo” iniciaron y la pluralidad día a día se vuelve más escasa.

                                * Maestra en ciencias de la familia y licenciada en comunicación