La Suprema Corte informó que durante el primer año de la presidencia de Norma Piña se utilizaron de manera responsable todos los recursos de la institución.
Durante el primer año de Norma Piña como ministra presidenta, la Suprema Corte utilizó al máximo todos los recursos que tenía a su disposición.
Durante el primer año de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se utilizaron todos los recursos institucionales de manera responsable y siguiendo los principios de eficiencia, transparencia, honradez, austeridad, racionalidad y rendición de cuentas.
Durante el primer año de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta de la @SCJN, se utilizó de manera responsable los recursos, siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, austeridad, racionalidad y rendición de cuentas.
El perfil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (@SCJN) publicó un tweet
La Suprema Corte anunció que desde enero de este año, con la llegada de la nueva administración de la SCJN, se ha llevado a cabo un rediseño institucional. Este rediseño incluye la implementación de un modelo de gestión basado en resultados y una planificación estratégica que une las funciones administrativas y jurisdiccionales.
Estas acciones fueron realizadas mediante el manejo responsable del presupuesto, el uso eficiente de los recursos públicos y la transparencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones. Además, se tomó una postura de cero tolerancia ante el acoso laboral y sexual, y se implementó un sólido sistema de control interno en la institución.
Durante 2023, se llevó a cabo un impulso para fortalecer la Suprema Corte a través de la mejora en la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes y programas de trabajo. Además, se promovió la observancia de las leyes aplicables y la protección de los recursos económicos, humanos, físicos, financieros y documentales de la institución, todo esto en un ambiente ético y de calidad. Estas acciones forman parte de un modelo de gestión orientado a resultados que apoya las actividades principales de este órgano judicial.
La Suprema Corte está trabajando en la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional integral con el objetivo de identificar, administrar y mitigar riesgos. Este sistema se basa en cinco componentes: supervisión y mejora continua, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgos y ambiente de control. Estos componentes incluyen a las áreas sustantivas que antes no se tenían en cuenta en los esfuerzos de mejora previstos para las áreas administrativas.
En el año fiscal 2023, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 mil 630.5 millones de pesos para La Corte, con el objetivo de asegurar el funcionamiento del Alto Tribunal y financiar las necesidades prioritarias de la institución.
En relación a esto, dentro del marco del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que busca establecer medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte se comprometió a ahorrar 52.8 millones de pesos.
Según lo reportado por López-Dóriga Digital.
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