En la vida sindical de México se asoma un cambio radical aún no dimensionado por los protagonistas del mercado laboral.

Así que lo sucedido esta semana con el SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo y el exsecretario general del gremio, Juan Díaz de la Torre, es sólo una probadita de los ajustes que habrán de protagonizar las organizaciones en la disputa del liderazgo y la defensa de sus demandas.

Se trata de un cisma que atravesará a los sindicatos y a sus patrones, involucrando a los tribunales, hasta hacerse sentir en los contratos colectivos.

Esto significa que las iniciativas contra los contubernios de empresarios y sindicatos hechizos del senador de Morena y líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, no serán situaciones anecdóticas, sino una oratoria oficial que, más temprano que tarde, se traducirá en ordenamientos legislativos.

Porque si en algún rubro habrán de rediseñarse las reglas de la relación jurídica, política y legal es justamente en el laboral.

Es ahí, en el terreno cotidiano de lo que los marxistas llaman los medios de producción, donde el prometido cambio de régimen tendrá expresiones concretas.

Nos referimos a la elección de los dirigentes sindicales mediante el voto universal y secreto, al establecimiento de tribunales laborales y a la obligatoriedad de las empresas de realizar negociaciones colectivas, eliminando los contratos de protección.

Si bien en el proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador centró las ofertas de la Cuarta Transformación en superar la crisis de seguridad y terminar con el enjambre de la corrupción, las estrategias esbozadas no marcan saltos cualitativos respecto a lo existente.

En contraste, las modificaciones que se avecinan en el mercado laboral podrían calificarse de extremas, aun cuando no fueron banderas de campaña.

Y es que el carácter radical del giro que viene responde a la visión del futuro gobierno, cuya titular en la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, no ha dejado lugar a dudas por conducto de su principal asesor, su padre, el reconocido abogado sindical, Arturo Alcalde.

“Los liderazgos sindicales basados en la simulación van a desaparecer y se dará una negociación colectiva auténtica”, alertó esta semana el laborista en la Cámara de Diputados.

Pero ese giro no se explica únicamente por la perspectiva sindical de la próxima administración. También responde a compromisos asumidos por México con Estados Unidos y Canadá en la renegociación del T-MEC, cuyo Anexo 23-A constituye en sí mismo un cambio de paradigma laboral.

De manera que con la puesta en marcha del nuevo tratado y la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, atestiguaremos el fin del modelo de las relaciones tripartitas que el Estado mexicano ha sostenido por décadas para resolver, por la vía de la conciliación, las diferencias entre trabajadores y empleadores, teniendo al gobierno como árbitro.

Esa labor ha ocupado, al menos, la tercera parte de la energía política de los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes debían deliberar con el presidente en turno de la Junta de Conciliación y Arbitraje el cómo y cuándo de la toma de nota de los sindicatos y las salidas a sus potenciales conflictos.

De ahí que el buen desempeño de los secretarios del ramo se ha medido por los oficios que desplegaban para desactivar huelgas y garantizar la estabilidad laboral.

El cambio que viene dejará las resoluciones en los jueces de los tribunales, como lo fija el nuevo artículo 123 de la Constitución.

Esto significa que la toma de nota no será más un instrumento de control político desde la STPS.

Y se abrirá un capítulo inédito: todo esfuerzo de organización gremial que cumpla con los requisitos requeridos deberá obtener su registro. 

Adicionalmente, el voto universal, directo y secreto de los dirigentes será obligatorio, dejando atrás las asambleas de manos alzadas y el voto indirecto vía delegados.

De manera que lo sucedido recientemente en el sindicato petrolero se volverá rutina. 

Y por si no fuera suficiente, este cambio estará siendo vigilado por Estados Unidos, cuyos negociadores del T-MEC fueron rotundos en la exigencia de eliminar los contratos de protección, los cuales han dado a México la ventaja de atraer inversionistas externos bajo la garantía de relaciones sindicales tersas y sin demandas salariales que pongan en riesgo el negocio.

Se sabe que los secretarios de Trabajo, Roberto Campa, y de Economía, Ildefonso Guajardo, afrontaron momentos rudos con sus contrapartes para conseguir que el plazo del fin de esos contratos a modo quedara en cuatro años y no en dos, como originalmente querían los estadunidenses.

Esto implica que para el año 2022, ningún contrato colectivo en México se habrá firmado al margen de los trabajadores, debilitando los mecanismos tradicionales de representación de las centrales obreras del PRI y del llamado sindicalismo charro.

Se abrirá así un proceso de politización laboral que, hoy por hoy, sólo Morena, el partido del Presidente electo, podría capitalizar a su favor.

A menos que la nueva oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, salga de sus oficinas y del refugio legislativo y se ponga a trabajar en serio.