Dentro de las listas de crimen organizado y corrupción del país vecino, el servicio de investigación del congreso indaga al menos a 20 ex funcionarios
Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; César Duarte, de Chihuahua y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, son algunos de los ex funcionarios señalados por el servicio de investigación del Congreso estadounidense.
Tomando en cuenta que para el gobierno de Estados Unidos las organizaciones mexicanas de narcotráfico representan una de las mayores amenazas para su país, el contar con una lista de más de 20 ex funcionarios mexicanos relacionados al tráfico de drogas y al crimen organizado, no es tema menor.
Segùn el reporte del Congreso estadounidense, los 20 ex funcionarios que se encuentran bajo investigación han sido acusados de corrupción y otro tipo de crímenes cometidos que han llevado a algunos de ellos a la cárcel o a ser enjuiciados.
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“México: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations” es el informe entregado por el Servicio de Investigación del Congreso Norteamericano mismo que exhibe los resultados de la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas realizada por la DEA (Drug Enforcement Administration), mejor conocida como la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos.
Cabe señalar que el periodo de investigación que abarca el documento se enfoca en gran parte al sexenio administrado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, es decir, de 2012 a 2018.
Bajo el análisis provisto por el Servicio de Investigación del Congreso, se enfatiza que fue durante la administración de Enrique Peña Nieto que México cayó 32 lugares en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
Sobre los ex funcionarios señalados en el informe, la investigación expone los problemas a los que se enfrentaron los estados a los que pertenecían en los que mandaban.
En el caso de Veracruz, con Duarte, el Congreso estadounidense destaca el gran número de desaparecidos, los cuales ascienden a más de 5,000 en dicho estado; en tanto que con Borge, señalan su detención y extradición el 4 de junio de 2017 por cargos de corrupción.
Igualmente señalan el caso de el ex gobernador Tomás Yarrington, de Tamaulipas, a quien se le acusa de lavado de dinero, tráfico de drogas y otros tipos de corrupción, sin contar sus nexos con el cártel del Golfo.
Siguiendo con la larga lista de ex funcionarios relacionados con crímenes o narcotráfico, se encuentra César Duarte, actual prófugo de la ley. De origen priísta, se le acusa de desvíos millonarios.
Otro reporte interesante que se menciona en la investigación es el de Derechos Humanos en México correspondiente a 2018, pues a través de él se señalan las investigaciones de las que fue objeto el ex gobernador de Veracruz, Flavino Ríos, a causa de corrupción federal y estatal.
En contraste, el Proyecto “Justice in México” de la Universidad de San Diego, ofrece argumentos suficientes para subrayar que la capacidad operativa que han adquirido los grupos relacionados al crimen organizado, prosperan toda vez que se les protege, al ser funcionarios corruptos o parte de élites corruptas con actividades económicas ilícitas.
García Luna recientemente acudió a su primera cita ante el juez de la corte de Dallas, David Horan, en la que le programaron audiencia para el 17 de diciembre.
Hasta el momento la fiscalía neoyorkina espera juzgar a García Luna en la corte federal de Brooklyn, la misma donde se juzgo a el Chapo Guzmán.
Finalmente, el estudio realizado por el Servicio de Investigación del Congreso Norteamericano, señala que quienes están relacionados a los grupos de crimen organizado y narcotráfico se caracterizan por estar involucrados en el lavado de grandes sumas de dinero, corrupción, al tiempo en que causan a México un disparo en los índices de homicidios, así como el incremento de la producción y tráfico ilícito de drogas.
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