El máximo organismo judicial del país dio luz verde a la consulta popular para llevar a juicio a 5 expresidentes, propuesta por el presidente López Obrador el mes pasado.
La votación de los 11 ministros fue dividida, con 6 votos a favor y 5 en contra.
La decisión debe ser enviada al Senado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional una consulta popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende realizar para que los ciudadanos decidan si se lleva a juicio a cinco expresidentes por posibles delitos que hayan cometido.
El mandatario envió a mediados de septiembre al Senado la propuesta para convocar a la votación ciudadana, misma que fue turnada a la Corte.
El tribunal resolvió que la petición de AMLO no restringe derechos humanos ni atenta contra el debido proceso, como sostenía la iniciativa a debate, elaborada por uno de sus miembros. Por contra, hace más incluyente y efectiva la democracia, dijo el titular del alto tribunal, Arturo Zaldívar.
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La votación de los 11 ministros se dividió, con seis votos a favor y cinco en contra. La Corte debe notificar su decisión al Senado.
El presidente busca realizar la consulta al mismo tiempo que los comicios de medio término el próximo año, en los que se renovará la Cámara de Diputados, así como varios gobiernos estatales y congresos locales.
«La decisión de la @SCJN sobre la constitucionalidad de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes es un paso trascendental para la construcción de una democracia verdadera», reaccionó en su cuenta de Twitter el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.
López Obrador enfrenta críticas por su manejo de la pandemia de coronavirus, que sobrepasó ya los 77,600 muertos, y una economía en contracción desde 2019 y que caería más de un 10% este año, lo que podría mermar el ánimo de los votantes hacia su partido el próximo año, de acuerdo con observadores.
Ex presidentes que podrían ser juzgados tras la consulta popular
La consulta popular servirá para fijar una postura pública sobre el tema, sin embargo, no tiene capacidad de transformar las atribuciones de la Fiscalía General de la República para perseguir los delitos denunciados.
“Es una postura política, yo siento que no sólo es válido castigar a los corruptos, sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción, ese es mi punto de vista, y que sea estigmatizada la corrupción para que nadie se atreva, en el futuro, a tener comportamientos deshonestos”, explicó López Obrador a mediados de septiembre durante su conferencia matutina.
Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país de 1988 a 1994, podría ser juzgado por el crecimiento de las diferencias económicas y sociales que se vivió en su gobierno como consecuencia de la entrega de los bienes públicos, empresas, minas y bancos a empresarios nacionales y extranjeros.
Ernesto Zedillo Ponce, cuyo gobierno tuvo lugar de 1994 a 2000, es señalado por la continuidad y profundización de las políticas privatizadoras (como en el caso de los ferrocarriles nacionales) y por el aumento de la deuda pública que se suscitó tras el rescate bancario de 1998 a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Hoy, la deuda contraída hace más de 20 años asciende a 2 billones de pesos y no será saldada sino hasta 2070.
Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) es responsable de la estrategia de seguridad conocida como “Guerra contra el narcotráfico” que exacerbó la violencia en el país y, contrario a lo que predicó, multiplicó las zonas bajo control del crimen organizado.
Destaca también su presunta culpabilidad por omisión o acción frente a las múltiples advertencias de que su secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, estaba coludido con estructuras criminales, como el Cártel de Sinaloa, situación por la que hoy es juzgado en Estados Unidos.
Finalmente, Enrique Peña Nieto, quien gobernó de 2012 a 2018, está bajo la lupa por las recientes acusaciones de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, sobre el uso de recursos ilícitos en su campaña presidencial, presuntamente provenientes de la transnacional Odebrecht, así como por promover mediante sobornos a legisladores la aprobación de la Reforma Energética y por la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados.