Al otro lado del Pacífico, se está buscando aplicar una modificación al Código Penal indonesio en la que los encuentros sexuales entre parejas, personas fuera del matrimonio y miembros de la comunidad LGBT+ serán prohibidos y penados.

Por esta razón, cientos de personas han salido a manifestarse en contra del proyecto de ley desde el año pasado, considerando la alternativa como algo “deasatroso no solo para las mujeres y las minorías religiosas y de género, sino también para todos” los habitantes del país, según la calificación dada por Human Rights Watch.

En Indonesia, lugar de los hechos, la mayor parte de los habitantes son musulmanes, sin embargo, se han mantenido como una nación tolerante a la mezcla entre etnias y religiones, por lo que este tipo de cambios simbolizaría también una modificación a la forma de vida de los ciudadanos y diversas etnias.

Nos gustaría cambiar a nuestro nuevo Código Penal para centrarnos más en las perspectivas de Indonesia en la ley. La razón es porque hay algunas leyes en el Código Penal que ya no son adecuadas para Indonesia”.

Dijo Yasonna Laoly, ministro de Leyes y Derechos Humanos, quien reintrodujo el proyecto de ley que había estado en la banca durante varios años y ha recibido duras críticas por quienes consideran que este hecho sería una muestra de que las fuerzas religiosas de línea dura están influyendo en una política de Yakarta, donde las minorías se verían afectadas.

Diversos sectores, así como ONGs, han criticado como una violación a los derechos básicos este proyecto, el cual, entre otras sanciones, incluye los insultos al presidente así como la divulgación de ideologías marxistas y pese a ser aceptado en su fase inicial, ha sido retrasado por decreto del mandatario indonesio Joko Widodo.

Hay algunos artículos que pueden llevar fácilmente a la gente a la cárcel y muchas interpretaciones múltiples sobre esos artículos”.

Dijo Asfinawati, directora de la Fundación de Asistencia Legal de Indonesia, sin embargo, Laoly dijo en su defensa que ya se han escuchado a los expertos politicos, quienes tienen un mayor peso por la experiencia a sus espaldas, ya que si escucharan a toda la parte opositora, “nunca terminaríamos este proyecto de ley”

Las sanciones para el caso de sexo extramarital serían acreedoras a un año de prisión, dando oportunidad de procesar a las parejas incluso si es su familia quien levanta la denuncia.