Un comunicado difundido recientemente expone una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la llegada de Odebrecht al servicio de agua en Veracruz, señalando directamente al abogado y asesor Mario Alberto Álvarez López como una figura clave dentro de la estructura que permitió la entrada del consorcio brasileño al estado.
De acuerdo con el documento, Álvarez López habría participado en la licitación del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) en 2015, proceso que terminó otorgando la operación del servicio al consorcio integrado por Odebrecht Ambiental e Interagbar de México, posteriormente conocido como Grupo MAS. El texto sostiene que existieron inconsistencias legales en la constitución de la empresa ganadora, ya que algunos documentos notariales habrían sido firmados incluso antes de la creación formal del grupo empresarial.
El comunicado también señala que el abogado diseñó el esquema financiero y fideicomisos que permitieron la operación privada del servicio de agua por un periodo de 30 años, esquema que posteriormente generó críticas por incrementos tarifarios, quejas ciudadanas y problemas en la calidad del agua.
Acusan conflicto de interés y movimientos financieros
Otro de los puntos más delicados expuestos en el documento es la existencia de un expediente fiscal abierto desde 2017, relacionado con presuntos depósitos millonarios provenientes de organismos que el propio abogado asesoraba. Según el texto, autoridades fiscales habrían detectado movimientos superiores a 3.9 millones de pesos en cuentas personales vinculadas a transferencias de Grupo MAS y del SAS.
Asimismo, se menciona un posible conflicto de interés familiar, ya que el hermano de Mario Alberto Álvarez López habría ocupado cargos dentro de dependencias relacionadas con validación de contratos gubernamentales y actualmente trabajaría dentro del ayuntamiento de Veracruz, donde el abogado mantiene funciones de asesoría.
El documento también relaciona a empresas presuntamente vinculadas con la familia en contratos municipales asociados a proyectos de alumbrado y asesorías públicas, situación que, según el comunicado, habría generado cuestionamientos en distintos municipios veracruzanos.
Finalmente, el texto hace un llamado a instituciones como el ORFIS, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar posibles responsabilidades administrativas o legales derivadas de estos hechos. Además, advierte que la permanencia de operadores relacionados con antecedentes ligados a Odebrecht podría afectar la confianza institucional y financiera en Veracruz.
Hasta el momento, las personas señaladas en el comunicado no han emitido una postura pública sobre las acusaciones presentadas en el documento.
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