La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó la Ley de Precios Acordados, presentada por el presidente Nicolás Maduro en septiembre pasado, para proteger a la población de la guerra económica e impulsar el desarrollo productivo del país. La legislación entrará en vigencia este mismo jueves (23).

Según consigna Telesur, en la sesión del martes, el órgano plenipotenciario culminó la discusión de la nueva normativa iniciada el pasado 14 de noviembre, que tiene un total de 12 artículos aprobados de forma unánime por los constituyentes.

Esta ley abarca desde los principios y bases para acordar precios, hasta la alianza del Estado con sectores productivos, análisis de costos y actualización de precios, entre otras.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, instó al pueblo venezolano y a todos los sectores que participan en la comercialización de bienes y servicios, a convertir esta legislación en un mecanismo de entendimiento y conciencia colectiva para la estabilidad económica.

Aspectos más relevantes de la normativa

Tras un diálogo de corresponsabilidad entre los diferentes sectores serán determinados nuevos precios que promuevan la producción y comercialización de productos. Asimismo, la ley es aplicable tanto a las personas naturales como jurídicas que participan en actividades de producción y comercialización.

En ese sentido, el sector productivo del país podrá establecer acuerdos con el Gobierno para impulsar el abastecimiento. Los precios definidos serán revisados periódicamente y se basarán en un análisis de los costos.

Por su parte, la vicepresidencia ejecutiva estará encargada de recibir, en una notificación, las estructuras de costos para su posterior evaluación en un sistema de información y el Estado determinará la tasa de cambio para la estimación de las estructuras de costos. Así, el Gobierno podrá agregar al programa de precios acordados cualquier bien o servicio que sea prioritario para el bienestar de la población.

Finalmente, de incumplirse con esta normativa, se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Precios Justos, esto, mientras se crea el sistema integrado de seguimiento y control para el abastecimiento soberano y cumplimiento de la política de precios.

Source: El Ciudadano