Ya antes el presidente Andrés Manuel López Obrador había emitido juicios en torno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); por ejemplo, el pasado 4 de enero declaró en la mañanera: “Ese instrumento de vigilancia tiene que funcionar adecuadamente, no como antes, que estaban ahí de floreros, de alcahuetes los que estaban ahí en la Auditoría Superior de la Federación”.
Pero fue el lunes 22 de febrero ─al referirse a la tercera entrega a la Cámara de Diputados de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019 por parte de la ASF (en donde el organismo reportó irregularidades por un monto de 67 mil 498.4 millones de pesos; de estos, 28 mil 730.4 millones de pesos ejercidos por estados y municipios)─ que con un simple “Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos”, la sentenció a muerte.
“Se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”, acotó.
El jueves 25, también en la mañanera, confirmó la sentencia al manifestar que el documento de la ASF contenía información falsa y tendenciosa, y que los errores de proyección obedecían no solo a la deficiencia técnica, sino también a la intencionalidad política… Y entonces, sus palabras tuvieron efecto de “cosa juzgada”… su verdad causó ejecutoria… y contra ella ─lo hemos visto una y otra vez en diversos temas─ no se admite recurso ni prueba de ninguna clase.
Sin embargo, fue la propia Auditoría Superior quien se disparó a sí misma el tiro de gracia con el comunicado No. 03-21, ese mismo lunes: “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”. ¡Zaz!
¿Fue ejecución o suicidio?, ¿hubo realmente errores?, y, de ser así, ¿fueron intencionales o por estupidez?, ¿estamos ante un sometimiento de la entidad de fiscalización superior hacia el Poder Ejecutivo?
En cualquier caso, David Colmenares Páramo debe ser removido de su cargo como Titular de la Auditoría Superior de la Federación, porque incumplió con lo que le ordena el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que “La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”.
Además, el artículo 93 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, consigna, entre otras causas para su remoción: “IV. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere esta Ley; V. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión, durante dos ejercicios consecutivos; y VI. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas graves, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la inobservancia de lo previsto en el artículo 3 de la presente Ley (que reproduce los cuatro principios mencionados antes).”
Para separarlo del cargo se requiere el voto en la Cámara de Diputados, de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Lamentablemente, Colmenares Páramo ─cuyo comunicador social, por cierto, se la vive pidiendo a medios impresos en el país que reproduzcan la columna semanal del auditor─ pasará a la historia como el hombre que allanó el camino al Presidente para el desmantelamiento no solo del Sistema Nacional de Fiscalización, sino también del Sistema Nacional Anticorrupción.
