Necesariamente Incómoda
**Se generaliza censura de servidores públicos a personas críticas en redes sociales.
**CEDH de Chiapas recomienda que rector de la Universidad Politécnica desbloquee a periodista en su cuenta de Twitter.
*SCJN resolvió que personas al servicio de la administración pública no deben bloquear en redes sociales a sus críticos.
Graciela Machuca Martínez
Las violaciones a la libertad de expresión por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno se han extendido a lo largo y ancho del país, por lo que podemos decir, desafortunadamente, este tipo de conductas ilícitas no son exclusivas de Quintana Roo o Baja California, porque la pandemia de la censura, la intimidación y todo tipo de agravios a la libertad de expresión ha corroído los huesos del sistema político mexicano y las personas servidoras públicas, en la mayoría de veces, consideran que es normal violentar la libertad de expresión, al fin y al cabo, tienen el escudo de la impunidad.
Como ya lo he comentado en este espacio, quienes ejercemos el periodismo en Quintana Roo nos encontramos en condiciones de vulnerabilidad porque el Congreso del Estado, específicamente quienes integran la XVI Legislatura se niegan aprobar la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego que la antecesora decidió abrogar la que ya existía, avalada en su contenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual solo le pidió al Congreso modificar dos artículos, más no abrogarla.
En los archivos del Congreso del estado de Quintana Roo ya tienen una nueva iniciativa de ley ciudadana para iniciar el proceso legislativo y proteger tanto a las personas defensoras de derechos humanos como a periodistas. En este documento se puede ver como debe quedar establecido que quienes ejercemos el periodismo podríamos tener acceso a todas las fuentes de información, estando entre ellas las redes sociales y no exponernos, como ahora, a que cualquier servidor público nos bloquee de las cuentas institucionales y supuestamente personales porque no le agradan las críticas.
MÉXICO, EN RIESGO QUE EL AUTORITARISMO SIGA VULNERANDO LA LIBERTDAD DE EXPRESIÓN Y SOLAPANDO VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
Además, de que la Libertad de Expresión, como un derecho humano, se encuentra entre la espada y la pared por la forma de hacer política del presidente de la República, quien no solo se olvida de que es su obligación brindar seguridad a periodistas, sino ahora quiere desaparecer el INAI, con el pretexto de la austeridad republicana, pero con ello, estará terminando con una institución que proporciona a la prensa y a la ciudadanía, información pública con la que se verifica de qué manera los gobiernos realizan su trabajo y que es lo que quieren esconder a pesar que por ley se debe actuar con el principio de máxima publicidad.
El periodista mexicano Guillermo Osorno, en un artículo para el New York Times, publicado el 8 de enero, sostiene que Andrés Manuel López Obrador, en lugar de hacer declaraciones como ofrecer asilo político a Julián Assange, fundador de WikiLeaks, a quien se le acaba de ratificar una sentencia en el Reino Unido, debe atender el asunto de la violencia contra periodistas mexicanos.
Esa simple declaración del presidente de México, dice Osorno, abrió varios frentes, como el “nuevo obstáculo en la relación con Estados Unidos y echa luz sobre el pobre desempeño del presidente en materia de protección a periodistas y libertad de expresión”.
La oferta suena menos a un gesto humanitario y más a un mensaje para su base de seguidores. Si de verdad López Obrador quisiera garantizar la libertad de expresión, debería de comenzar por arreglar primero el desorden en el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Desde 2000, al menos 200 periodistas han sido asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas, y alrededor del 90 por ciento de esos asesinatos ha permanecido impune, se lee en el rotativo estadounidense.
Guillermo Osorno agrega que la oferta de AMLO lo pone en ruta de colisión con Estados Unidos. El aparato de seguridad e inteligencia estadounidense tiene un enorme interés en juzgar a Assange y darle un castigo ejemplar.
Con su ofrecimiento, López Obrador se metió de lleno en un tema de política interna estadounidense, lo cual viene a complicar el futuro bilateral con el vecino del norte.
Regresando al Sureste mexicano, en esta ocasión retomaré un caso que sucedió en el estado de Chiapas, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de una investigación, emitió la Recomendación CEDH/22/2020-R, por medio de la cual considera que Navor Ballinas, rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh) violó el derecho a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información, en agravio de la periodista Gabriela Coutiño, quien trabaja para el medio Chiapas Paralelo y corresponsal de medios nacionales, al bloquearla de su cuenta de Twitter.
Chiapas Paralelo hace un recuento de lo sucedido y expone que la CEDH radicó la queja de la periodista el día 18 de septiembre de 2019 e integró el expediente de queja CEDH/946/2019. En dicha queja, la periodista relata los hechos que antecedieron:
“Soy periodista que ha realizado cobertura para diversos medios de comunicación sobre diversos temas de la vida política, social y económica de Chiapas. Especialmente en los últimos meses me he dedicado a la cobertura estatal de los hechos sobre la cruzada nacional contra el hambre que se denomina la “estafa maestra” asunto de interés nacional.
“Para ello entre otras redes sociales, utilizo la red social Twitter como herramienta de trabajo, pues me permite difundir las notas que redacto y mantener contacto con el ciudadano que lee las noticias estatales. Hace días me percaté que el Rector de la UPCh me había bloqueado en la red social Twitter, impidiéndome tener acceso a la información que comparte como autoridad universitaria en su cuenta personal, información que es de interés público y de carácter general”.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS INMISCUIDA EN ASUNTO DE LA ESTAFA MAESTRA
El referido medio de comunicación chiapaneco recuerda que en su queja, la periodista también indica que “las autoridades están obligadas a difundir información de interés público; no solo en lo que concierne a las actividades llevadas a cabo en el desempeño del encargo conferido, sino también en el establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía a través de plataformas digitales o de redes sociales como Twitter”.
En el alegato, el rector de la UPCh intentó su defensa alegando que ”desconoce si la periodista ostentaba tal oficio y que además pone en riesgo su integridad y la de su familia por divulgar información no corroborada. Mas adelante, en la denuncia; Navor Ballinas se contradice al afirmar que en ningún momento ha impedido su actividad periodística.
Gabriela Coutiño responde en los alegatos que en caso de existir riesgo a su integridad –como Navor Ballinas aduce- ese riesgo vendría de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía General de la República, instituciones federales que tienen integrada dos denuncias sobre el tema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La recomendación mencionada va dirigida a la secretaria de Educación Pública estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, en su carácter de presidenta de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh). La CEDH documentó la “violación al derecho a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información” en agravio de la periodista Gabriela Coutiño.
Por lo tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas concluyó que conforme a los estándares nacionales e internacionales el rector Ballinas restringió de manera injustificada e ilícita a Gabriela Coutiño, quien fue “vulnerada por tal acto discriminatorio violentando su derecho a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información, como ciudadana y en su función como periodista”.
La CEDH reconoce el carácter de víctima a Gabriela Coutiño debido a que los hechos descritos constituyen una transgresión de violaciones a los derechos humanos y ordena su inscripción en el “Registro Estatal de Víctimas”.
Además, recomienda iniciar a Navor Ballinas un “procedimiento de responsabilidad administrativa” por lo cual “deberá asumir su obligación de reparar e indemnizar los daños causados a la víctima de violaciones de derechos humanos”.
En el mismo documento se le ordena permitir el acceso a su cuenta de Twitter a Gabriela Coutiño, insta también al rector Ballinas a no repetir hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención.
SE RECOMIENDA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En la misma recomendación se establece que que en un plazo de seis meses “se deberá diseñar e impartir en un programa de capacitación dirigido a todo el personal de la UPCh sobre el derecho al acceso a la información en medios digitales y su responsabilidad en redes sociales”.
A la secretaría de Educación Pública de Chiapas, la maestra Rosa Aidé Domínguez Ochoa, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva de la UPCh, la insta a designar un servidor público que cumpla la función de enlace con la CNDH, para el seguimiento en el cumplimiento de los puntos recomendatorios.
Sin embargo, a un mes de que se emitió dicha recomendación, Navor Ballinas mantiene con bloqueada en su cuenta de Twitter a la periodista Gabriela Coutiño.
Este no es un asunto nuevo en el país, en diferentes estados y en la misma ciudad de México, diversas personas servidoras públicas consideran que son dueñas de la información que publican en las redes sociales, tanto institucionales como personales y se dedican a bloquear a personas periodistas incómodas para sus intereses.
Desconocen que desde la misma justicia federal ya se determinó en varios casos que tanto las cuentas institucionales, como las personales, incluso los correos electrónicos de quienes trabajan en la administración pública, son de interés público y cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir acceso a ellas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el mes de septiembre pasado reafirmó la determinación tomada en junio de 2019 respecto a que los servidores públicos que utilicen redes sociales para dar a conocer sus actividades estarán obligados a permitir el contacto con sus seguidores, además de que no podrán bloquearlos si emiten comentarios críticos, a menos que su “comportamiento sea constitutivo de abuso o de un delito”.
BLOQUEO SE JUSTIFICA PARA PROTEGER BIENES JURÍDICOS
La Segunda Sala de la SCJN decidió que la medida de bloqueo sólo puede llevarse a cabo con el fin de “proteger los bienes jurídicos que puedan afectarse a través de las conductas lesivas de quienes las utilizan”.
Las ministras y los ministros de la Segunda Sala de la SCNJ determinaron que por la naturaleza de estas plataformas sociodigitales, las cuales se basan en un intercambio de mensajes, el receptor de estos contenidos “está expuesto a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia irrazonables, que pueden ir tanto al titular de la cuenta como a otros usuarios que interactúan con ellas”.
La versión pública de la resolución de la SCJN dice las expresiones críticas podrían ser consideradas “indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia”, pero no todas esas opiniones deberán enmarcarse dentro de un comportamiento abusivo.
El mismo tribunal también dijo que “Si del contenido de esas expresiones no se aprecia el propósito de ofender en forma desmesurada al servidor público titular de la cuenta de una red social en su dignidad, en su honra, en su credibilidad, de referirse a él como carente de valor, o contienen opiniones que no concuerda con la forma en que despliega sus actividades públicas, tal conducta no puede reputarse abusiva ni justicia el bloqueo de quienes las emiten”.
*Periodista en el estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
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