Ecatepec, Ocoyoacac, San José del Rincón y Ciudad Nezahualcóyotl son algunos de los municipios que tienen denuncias hechas ante la Contraloría del Poder Legislativo por diversas irregularidades, aunque en total se presentaron 835 denuncias contra 44 entes ante este organismo. 

De las 835 denuncias recibidas en 2020 por la Contraloría, la delegación de Toluca registró 446, la de Naucalpan 240 y la de Chalco 149.

La Dirección de Responsabilidades Administrativas, en el caso del Poder Legislativo, reportó que se resolvieron 55 asuntos, en los que se impusieron 40 sanciones por hechos de prepotencia y malos tratos, abuso de funciones, incumplimiento de requisitos para el desempeño de cargos directivos, despidos injustificados, entre otros.

El total de asuntos recibidos para inicio de procedimiento este año fue de 79; los asuntos turnados a resolución suman 60 y la autoridad investigadora que más turnos registró es Toluca, con 65, seguida por Naucalpan, con nueve, y Chalco, con cinco.

Como resultado, se aplicaron 37 sanciones a 42 municipios revisados en 2019, por mencionar algunos: Ozumba con tres sanciones, Cuautitlán Izcalli, Jaltenco, Naucalpan, Sultepec y Toluca con dos cada uno.

Los municipios de Amanalco, Amecameca, Calimaya, Chapa de Mota, Chiconcuac, Coyotepec, Cuautitlán, Ecatzingo, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Juchitepec, Morelos, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Papalotla, Tejupilco, Tepetlixpa, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlalmanalco, Villa Victoria y Atlautla recibieron una sanción.

En el Poder Legislativo quedaron doce asuntos sin resolver por lo que toca a este ejercicio, de las 55 quejas, lo que equivale al 21.88% de casos pendientes todavía.

En el Congreso mexiquense se presentaron 55 asuntos, de los que 40 fueron sujetos de imposición de sanciones, 36 con amonestación, uno con sanción económica, en 13 se resolvió la inexistencia, en tres hubo sobreseimiento y hay doce casos por resolver.

Algunos de los motivos recurrentes de denuncia fueron no dar respuesta o hacerlo fuera de plazo a escritos de derecho de petición, además de no dar cumplimiento a requerimientos de autoridades como las áreas de derechos humanos y jurisdiccionales.

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