José Revueltas decía, refiriéndose a la prisión de Lecumberri, que en ese “lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”…Subimos hacia la colonia los Cipreses, en Chalma, un sitio alto detrás del famoso santuario; fuimos allá para hablar de lo que pasó el 11 de noviembre en el Club de Golf Malinalco, donde fueron detenidos Danny, Marcelino y Diego, tres albañiles.

Para entender mejor: Ministeriales fabrican delitos contra trabajadores en Malinalco

Miguel es hermano de Danny y nos lo cuenta porque él estuvo ahí, trabajaba con ellos en la construcción. A la hora de la salida, dice, el arquitecto les pidió que esperaran porque irían unos ministeriales a hacer preguntas de rutina; cuenta que todos se formaron con sus identificaciones y se pusieron a disposición, también dice que los aproximadamente 20 trabajadores escucharon cuando los ministeriales dieron la orden de apagar las cámaras.

Entonces llamaron a Danny y a Marcelino; cuenta que los metieron en un auto con cristales negros y les avisaron –a los trabajadores, incluido Miguel– que ellos ya se podían retirar; pero era su hermano al que se habían llevado, entonces se puso en contacto con sus padres para que indagaran lo que estaba pasando.

Lo que estaba pasando era que, luego de subirlos al auto, los dejaron ir y poco después los volvieron a detener –en supuesta flagrancia, por asalto a una mujer–. El 19 de noviembre se comprobó que ellos no cometieron este delito.

Los detenidos fueron llevados al centro de detención en Tenancingo, donde sus familiares no pudieron verlos hasta después de tres días solo gracias a la intervención de una organización independiente de derechos humanos.

Diego no estaba con ellos, explica el padre de Marcelino, nos cuenta que a él lo detuvieron antes y aunque sospecha, no sabe si a lo torturaron. Diego no es vecino ni amigo de los muchachos, vive en Chalmita.

La madre de Danny, que también está presente en la entrevista, está callada pero cuando le preguntamos a Miguel si los golpearon ella asiente, dice que se ve golpeado aunque él no lo haya dicho abiertamente.

El 19 de noviembre, luego de que una juez consideró que no había pruebas suficientes y declaró su libertad, los volvieron a detener: los familiares los esperaban afuera, dicen que había un movimiento inusual de policías ministeriales y municipales, quienes pusieron una especie de mampara para cubrir la visibilidad. Cuando los muchachos salieron les pusieron las esposas y los volvieron a meter: “ni siquiera pisaron la calle”, fueron acusados por segunda vez, ahora de robo a un inmueble dentro del Club de Golf.

“Nosotros no sabemos de leyes”, expresa don Marcelino antes de decir que es poco probable que en el Club no haya un sistema de vigilancia con cámaras que pueda verse el día que se cometió el robo, supuestamente el 6 de noviembre. “Para la juez solo cuenta que los afectados los señalen a ellos.”

Y es que representantes del Club de Golf le han dicho a la defensa de Danny que no pueden dar los videos porque no los tienen, porque cambiaron de servicio de vigilancia, porque las cámaras no servían.

Don Marcelino insiste en que los muchachos son inocentes: “no se vale que los policías arresten a cualquiera solo para presentar trabajo”. Dice que es ilógico que personas de tanto dinero no tengan cámaras de seguridad: “si ellos en verdad quieren a las personas que hicieron eso, que muestren las cámaras de seguridad”. Asegura también que si le muestran un video en el que se vea que su hijo está cometiendo el delito que lo castiguen.

Un problema estructural

En otro momento hablamos con José Antonio Lara Duque, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y es quien ha asumido la defensa de uno de los detenidos; él, desde hace tiempo, a través del Centro, impulsa una campaña dirigida a los injustamente presos, donde se sostiene que el sistema de justicia mexiquense presenta diversas fallas, entre ellas violencia estructural y discriminación.

En un reciente informe del CDHZL se señala que, en un grupo de estudio de diferentes centros penitenciarios mexiquenses, 58% de las detenciones fueron hechas por policías ministeriales y estatales, 28% por municipales, 5% por personas vestidas de civil y 3% por la Guardia Nacional, encapuchados o policías federales.

Te recomendamos: Una amnistía que sirva, esperanza de los injustamente presos

Un aspecto importante del informe es que reporta en las detenciones aspectos de discriminación estructural: la mayoría es gente pobre y de bajo nivel educativo, además, señala el documento, “una práctica muy recurrente en el Estado de México es abordar la situación del testigo singular, y esto se hace mediante tomar una declaración de una sola persona que señala alguien como supuesto un agresor y es tomada como fuente de convicción de una decisión judicial condenatoria, cuando no existe ninguna otra prueba”. En este caso específico, un residente del Club de Golf.

Lara Duque nos explica que luego de que fue demostrada la inocencia de los detenidos, por el delito de robo a transeúnte, la jueza del Poder Judicial reconoció que había violaciones de los derechos humanos pero hay víctimas. Dijo que la jueza mencionó que prefería que las víctimas estuvieran satisfechas, esta mentalidad, insistió Lara Duque, es la que llena las cárceles de pobres, inocentes, personas con rasgos físicos como la piel morena: un juicio desde el prejuicio.

La organización de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero considera que en el Estado de México, al menos, 19 mil 500 personas presas son inocentes, esto podría ser un señalamiento de por qué aunque existe una sobrepoblación en las cárceles los niveles de delincuencia y violencia no disminuyen.

La disipación de las dudas de la culpabilidad e inocencia de los detenidos solo puede determinarse con un proceso legal transparente, apegado a derecho y cumpliendo a cabalidad lo que el artículo 17 de la constitución mexicana dicta:
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, además de que su servicio será gratuito, y las costas judiciales prohibidas.