La Corte prepara la validación de la denominada “Ley Chayote”, que fue promulgada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto, que permite el uso discrecional de recursos públicos para publicidad oficial, alertó Artículo 19.
Conforme el proyecto de sentencia, elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara, y que se someterá a discusión en la Primera Sala de la Corte, se ratificaría la constitucionalidad de la ley.
A decir de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, con esa decisión la Corte “avalaría la arbitrariedad y la opacidad en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos para publicidad oficial”.
El expediente deriva de un juicio de amparo promovido por Artículo 19, que impugnó la ley debido a que en su consideración ésta no se ajusta a lo que en 2017 la Corte había resuelto respecto que el Congreso a legislar en la materia fijando criterios claros y objetivos en la asignación de publicidad oficial.
“Es muy preocupante que el tribunal constitucional, en un primer momento, con una visión progresiva de los derechos humanos, haya emitido una sentencia en 2017 que fue histórica, por varias razones y que ahora, la misma Suprema Corte, la misma Primera Sala, pero con diferente composición (de ministros), quiera recular en los criterios y en los antecedentes históricos que se habían establecido en aquel entonces”, dijo Maldonado.
El tiempo que ha estado vigente la ley, publicada el 11 de mayo de 2018, consideraron, ha permitido constatar los efectos restrictivos que genera.
Pues ni la Secretaría de Gobernación ni la Oficina de la Presidencia de la República a través de la Política de Comunicación Social han detenido las viejas prácticas de asignación de recursos de publicidad oficial.
Como resultado de esto, añadieron, el 54 por ciento del total ejercido se repartió entre 10 medios de comunicación, mientras que el 46 por ciento se otorgó a los restantes 387 medios.
“Así, aun cuando se ha reducido el gasto en materia de publicidad oficial -de 14 mil millones en los dos primeros años de EPN, a alrededor de 2.7 mil millones en los dos primeros años de AMLO-, la persistencia de estas malas prácticas sigue impactando el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”, señaló.
Información: Reforma
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