Arturo Chavarría Sánchez, Cuarto Regidor de Toluca, denunció que, en diversas localidades de la capital mexiquense, desarrolladores se han dado a la tarea de fraccionar poco a poco para evitar entregar áreas de donación, terrenos para escuelas y equipamiento urbano que contempla la Ley, contribuyendo así al crecimiento descontrolado que, a corto, mediano y largo plazo, se traducirá en serias problemáticas para el municipio, de ahí que subrayó la necesidad de que se implemente una unidad de investigación o fiscalía para atacar la corrupción y el fenómeno del crecimiento anárquico.
“La corrupción en materia de Desarrollo Urbano es un problema que nos ha latigueado toda la vida, y ha representado en el Valle de Toluca y en el Valle de México, un freno considerable para poder consolidar un desarrollo económico, político y social”, explicó el regidor, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el municipio de Toluca.
Explicó que dichos esquemas se repiten en toda la república, a pesar de la normatividad -la Ley General de Asentamientos Humanos a nivel federal, y el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México denominado “Del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”-, establece una metodología precisa “para que los centros de población se fundaran en un sistema de planeación urbana y regional democrática a nivel nacional”.
Pero apuntó: “La corrupción ha sido el instrumento perfecto para los especuladores de tierra y desarrolladores que siempre buscan los lugares incompatibles, de alto riesgo, y nos provocan severos trastornos”.
En este sentido, el regidor por Morena expuso que esto pone a la capital mexiquense y a otros municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el Valle de México y el Valle de Santiago Tianguistenco, a merced de severas problemáticas ante proyectos como el Aeropuerto Internacional de Toluca y la entrada en funcionamiento del Tren Interurbano México Toluca, con lo que “se nos viene un tsunami de descontrol”.
En el caso del Tren Interurbano, detalló que “se contempla que de 270 a 290 mil habitantes diariamente que se van a mover de la Ciudad de México a varias partes del Estado, desde Ocoyoacac, Lerma, Metepec, Toluca, y va a ser un descalabro tremendo sobre zonas protegidas y de alta productividad agrícola. Se van a venir asentamientos y no vamos a tener la capacidad para recibir a tanta gente que va a buscar dónde asentarse”.
“Estamos muy preocupados porque no se avizora ninguna planeación a corto plazo por parte del gobierno federal, mucho menos por parte del gobierno del Estado, porque para la entidad ha sido un predio fértil de corrupción y los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser todo el pueblo, con problemas de vivienda, cambios de uso de suelo, poco abastecimiento de equipamiento, falta de agua, el consumo de energía eléctrica, necesidad de nuevas infraestructuras viales, de transporte público”.
A esto se añaden los problemas en cuestión ambiental: cambio climático por la tala clandestina; la contaminación ambiental, los residuos urbanos, “y no estamos preparados; en vez de estar haciendo plantas de tratamiento estamos haciendo rellenos sanitarios, donde estamos contaminando los mantos freáticos y zonas agrícolas, es decir, no se ha hecho una política de saneamiento”, advirtió.
“También se viene la delincuencia y la marginación social; desempleo, pobreza, drogadicción; desarrollos habitacionales fragmentados que están saliendo por todos lados y que te dejan una movilidad muy deficiente y estrangulan la ciudad porque no hay vialidades alternas”, explicó.
Chavarría apuntó además que los desarrollos habitacionales que, al margen de la ley, han ido proliferando en el municipio, construyen pozos clandestinos.
Con este panorama, consideró que toca a las autoridades atacar la corrupción y el fenómeno el crecimiento anárquico para “evitar que se colapse el municipio de Toluca, sobre todo con otros municipios que colindan y no han tenido el cuidado y la responsabilidad de vigilar su desarrollo urbano y medio ambiente, como es el caso de Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, entre otros”.
“Debe haber una coordinación real, un sistema de planeación urbana y democrática con el gobierno federal; también se necesitan reformas el Libro 12, el Libro 5º y su reglamento, y al Código Penal, para atacar el cohecho, peculado, soborno y fraude, prácticas que imperan en materia de desarrollo urbano”, apuntó.
“Es momento de actuar para que ya frenen esta corrupción brutal, donde se vienen y se esconden muchos capitales que tal parece que es lavado de dinero y que nadie quiere entrarle. La autoridad tiene todos los instrumentos técnicos para dar la seguridad a todos los habitantes que han llegado de forma pacífica y a hacer las cosas en orden”.
Chavarría Sánchez señaló que, aunque el pretexto de las autoridades tanto federales, estatales como municipales, es que no hay recursos suficientes para vigilar el crecimiento, se puede echar mano de la tecnología cibernética, como el uso de drones para evitar la construcción de desarrollos habitacionales, comerciales, industriales, turísticos y educativos en lugares donde el Plan de Desarrollo Urbano no los contempla.
“Es un problema que tanto el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo no quieren ver, y no hacen nada para evitarlo; están más preocupados por los arreglos internos y de cúpula y dejan que crezca la corrupción. Desgraciadamente un hombre no puede hacer todo, como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los Congresos no están ayudando a erradicar esa corrupción galopante que hay, en el caso del Estado de México, enorme, y que no han podido frenar”, puntualizó.
