El Congreso local frenó en comisiones la intención del Ejecutivo de reestructurar financiamientos sin la autorización de la Legislatura y disminuyó los montos de traspasos internos y externos que puede realizar, sin el aval de las y los diputados.
Además, las y los legisladores hicieron ajustes para ampliar quiénes deben pagar cuotas y aportaciones, a fin de incluir a todos los entes públicos, patrones, servidores públicos, trabajadores y quienes tengan convenios o contratos en términos de la Ley de Seguridad Social.
Este jueves en comisiones hicieron cambios a la propuesta enviada por la Secretaría de Finanzas estatal en los artículos 317 y 317 Bis del Código Financiero para establecer límites menores a los traspasos, a propuesta de la diputada Karina Labastida Sotelo, de tal forma que los traspasos presupuestarios internos podrán realizarse libremente si no exceden el 23% del monto del programa. La propuesta del Ejecutivo era un 25%.
Para los externos, que deben ser autorizados por la Secretaría de Finanzas, el límite será del 3% del presupuesto total anual, dos dígitos menos a lo planteado por el Gobierno mexiquense. En caso de ser mayores a esos porcentajes, requerirían la aprobación de las y los diputados locales.
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Las comisiones legislativas también rechazaron la propuesta del Gobierno para que en casos de emergencia pudieran hacer refinanciamientos sin autorización del Congreso y eliminaron el segundo párrafo del artículo 262 Bis.
A propuesta del coordinador de Morena, Maurilio Hernández González precisaron el concepto de cuotas y aportaciones como las contribuciones que entes públicos y sus servidores públicos, los patrones y sus empleados, y todos quienes tengan convenios o contratos tienen la obligación de cubrir en los términos de la Ley en materia de Seguridad Social en el Estado de México.
En el artículo 17 sobre convenios para la concurrencia en materia de recaudación y administración de contribuciones, aprovechamientos e ingresos propios eliminaron un apartado que preveía cobrar comisiones administrativas a los municipios para no afectarlos.
Otro ajuste fue para que en pagos a plazos o diferidos para cubrir contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios el contribuyente deba otorgar garantía al monto sobre el 80% del adeudo, incluidos los accesorios que se causen.
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