“Ser mujer no debería de ser factor de riesgo “
El sistema de procuración de justicia del Estado de México enfrenta fallas estructurales que se agravaron con la pandemia de COVID-19 ya que existen irregularidades en investigaciones de feminicidios y desapariciones en el Estado de México.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México, ha causado violación a los derechos humanos de las familias de las víctimas, por la revictimización que sufren y por la impunidad que queda en muchos casos. Algunas mujeres no han logrado interponer sus denuncias, otras han visto cómo las investigaciones se paralizan completamente e incluso como se pierden evidencias claves en las investigaciones.
Todo esto porque el Estado no ha logrado asegurar que los servicios de procuración de justicia funcionen adecuadamente en el contexto de la pandemia, dejando a las mujeres víctimas de violencias a su suerte.
Si bien antes de la pandemia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfrentaba importantes problemáticas como la falta de personal, sobrecarga de trabajo, falta de recursos técnicos para la investigación, descoordinación entre instituciones de justicia, entre otras. Tras la llegada de la pandemia, la Fiscalía adoptó algunas medidas para atender esos problemas, sin embargo, se ha identificado que lo que ocurrió fue un incremento de la carga de trabajo “hasta niveles insostenibles”, digitalización insuficiente de los servicios, así como un acceso desigual a la tecnología y descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional.
La COVID dejó a las víctimas más desprotegidas ya que las problemáticas que enfrentan las instituciones impartidoras de justicia no son nuevas, pero con la pandemia se agravaron y tuvieron consecuencias como que las mujeres no pudieron interponer denuncias, o que algunas investigaciones penales quedaron totalmente paralizadas.
Lo anterior incide directamente en la probabilidad de que los casos quedaran impunes e impidieron cumplir con el debido proceso, lo que constituyó una violación del derecho a las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación del daño.
Ante esta situación, se debe focalizar los esfuerzos a los servicios de procuración de justicia que cuenten con recursos humanos e infraestructura necesarias para cumplir su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas. También es recomendable que se provea al personal de equipo de protección individual, adecuado y suficiente, y que se elabore un plan de respuesta inmediata para atender situaciones de brotes COVID, de manera que se evite el cierre de la unidad y la detención de sus funciones.
Así mismo se debe de asegurar la correcta digitalización de los servicios de procuración de justicia, preveer un sistema de denuncia alternativo para las mujeres que no tienen internet, y que se garantice que todas las personas denunciantes reciban un comprobante del trámite y una fecha para ratificación del mismo.
Finalmente, es menester coordinar mesas de trabajo periódicas entre las distintas unidades e instituciones de procuración de justicia, y entre aquellos servicios colectivos que participen en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres. La justicia no puede esperar, el Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos en todo momento.
