La contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19 empeoró el acceso a la justicia a mujeres víctimas de agresiones, violencia familiar, sexual, feminicidio y desaparición en el Estado de México.
Aunque la impunidad no es algo nuevo en la entidad, –que ya cuenta con dos Alertas de Género por feminicidio y desaparición–, la problemática se agravó aún más con la pandemia. La organización Amnistía Internacional documentó el impacto de la pandemia de covid-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México a través del informe Como anillo al dedo.
Entre las principales problemáticas reveladas en el informe se destaca que hubo un aumento en la sobrecarga de trabajo para los servidores públicos, que se encuentran sin capacidad para atender todos los casos que se presentan cada día de manera física y en línea.
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En conferencia de prensa, Martha Martín, principal investigadora, mencionó el caso de una Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) que es atendida por solo dos agentes quienes deben recibir hasta 200 personas en un solo día.
Asimismo, una persona servidora pública de una Fiscalía Regional recibió hasta 400 denuncias al día durante la contingencia, por lo que era imposible atenderlas todas: “Todo se retrasó de abril a la fecha. A veces me llegan 400 denuncias al día, no podemos atenderlos a todos. Estas ya te digo que van a pasar a octubre o noviembre”, según explicó la persona Servidora Pública de Fiscalía Regional del Estado de México.
Martha Martín dijo que otra problemática fue la baja de personal en las fiscalías, centros de justicia o ministerios públicos, ya que algunos trabajadores eran vulnerables al covid-19 y tuvieron que darse de baja temporal, lo que retrasó aún más las investigaciones. En ocasiones, algunos de estos trabajadores eran encargados de realizar los análisis genéticos.
La precaria digitalización también alimentó el problema. Aunque se recibieron denuncias en línea, el protocolo obligaba a los familiares a acudir a las oficinas a ratificar su denuncia por desaparición. Así, las agencias otra vez se saturaban. Además, muchas personas no cuentan con acceso a internet y los recursos necesarios que les permita dar seguimiento online a su caso.
Finalmente la desorganización institucional ocasionó que la atención fuera limitada o nula, ya que la información sobre los horarios de atención no se informaron adecuadamente al público ni entre los mismo servidores públicos.
El informe destacó tres consecuencias principales para el acceso a las mujeres del Edomex, a quienes les fue imposible interponer su denuncia en diversas ocasiones.
Las investigaciones en los casos no presentaron avances. Las autoridades argumentaron que la situación sanitaria no permitía generar esos avances, “por covid no hicimos esto, no hicimos lo otro”, señala el informe.
Finalmente se registró una perdida de evidencias al no contar con el personal suficiente que se encarga de realizar exámenes periciales y resguardar evidencias cuando se comete un crimen.
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional, dijo que ante la posible llegada de una segunda ola por contagios de covid-19, las fiscalías deben reforzar su plantilla de servidores públicos que les permita cubrir las bajas y nivelar las cargas de trabajo.
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