¿Hay magistrados recomendados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México?

Aun cuando en estos momentos la Ley Orgánica del Poder Judicial mexiquense establece que el proceso de selección y nombramiento de los magistrados debe recaer en jueces de primera instancia ratificados por el Consejo de la Judicatura, o en juristas con méritos profesionales y académicos reconocidos, previa evaluación, desde el año 2010 se permitió la llegada de magistrados sin carrera judicial, y sin la aprobación de exámenes de oposición.

En ese año, el Ejecutivo, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto planteó reformas para permitir los nombramientos de magistrados externos, que fueron aprobados por la Legislatura con mayoría priista, y el momento fue aprovechado para proponer a personajes cercanos al Ejecutivo y ex funcionarios que en su momento fueron criticados por la oposición.

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Para el 2010, meses después de aprobada la reforma, los nombramientos más criticados fueron los del ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal y ex secretario del Trabajo, Marco Antonio Nava y Navas; del ex director de la facultad de Derecho de la UAEM, Enrique Vega y el de la ex presidenta de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia, Lucía Núñez.

También fue elegido Sergio Valls Esponda, ex comisionado del Instituto de Transparencia del estado de México (Infoem). La mayoría fueron señalados por PAN y PRD de ser personajes cercanos al PRI y al Gobierno.

En el año 2016 el nombramiento del ex titular del Órgano de Fiscalización del IEEM, Edgar Hernán Mejía también fue criticado, pues advirtieron que no tenía un perfil especializado.

Junto con él fueron aprobados el ex  titular de Coprisem, Fernando Díaz Juárez; el ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de México (Cuautitlán – Texcoco) Mario Eduardo Navarro Cabral y el ex subprocurador general de justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez. El resto, fueron jueces.

Inconformidades por procedimiento

En 2019 por primera vez los integrantes del Poder Judicial y abogados externos se inconformaron por la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección de nuevos magistrados. Fue también la primera vez que el Consejo de la Judicatura trató de imponer sus acuerdos, por considerar que podría haber injerencia del Legislativo sobre el Judicial.

Eso no ocurrió cuando el Poder Ejecutivo, desde el año 2010, impulsó como magistrados a ex funcionarios estatales, sin carrera judicial que llegaron al TSJEM sin acreditar su nivel de conocimientos, ni demostrar que eran las mejores opciones para el cargo, pero hace casi dos años, con un escenario político distinto, se animaron a reclamar.

La posible falta de claridad, de igualdad y legalidad tuvo detenido durante casi un año el nombramiento de 10  nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado de México para ocupar los espacios de quienes concluyeron su cargo durante el 2019, luego que el anterior Consejo de la Judicatura cerró el proceso de selección solo a jueces que habían tomado un curso, exigido para ser evaluados, que sólo se impartió a ellos.

En noviembre del año pasado el Consejo de la Judicatura informó por escrito a la Legislatura que no podía enviar las propuestas para ocupar las 10 magistraturas pendientes porque había amparos pendientes de resolver en los juzgados federales, de inconformes porque el proceso de selección no se abrió a abogados externos.

El argumento de los quejosos fue que el Poder Judicial mexiquense les negó el derecho a participar al emitir las dos convocatorias para magistrados civiles y penales con requisitos supuestamente ilegales, al poner como condición un curso que se había brindado de manera cerrada, al cual sólo acudieron jueces de manera directa por invitación varios meses atrás.

Luego de ocho meses de litigio y con Ricardo Sodi como nuevo presidente al frente del TSJEM lograron sacar adelante la lista de 10 magistrados sin mayor problema el 13 de octubre, y más tarde, el 11 de diciembre fueron ratificados por el pleno legislativo otros 11 magistrados, sin mayor cuestionamiento y sin recordar la iniciativa de ley que tienen para acortar el tiempo del cargo.

Para llegar

Todos ellos y ellas durarán en el cargo 15 años. Sólo pueden ser privados de sus cargos por la Legislatura de la entidad a petición del Consejo de la Judicatura, por delitos o faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por mala conducta o separados porque estén incapacitados física o mentalmente.

Los requisitos para ser magistrados son: no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separen cinco años antes; no tener impedimento físico o enfermedad que lo imposibilite para desempeñar el cargo y haber aprobado el curso de capacitación y el concurso de oposición correspondiente, pero pueden llegar abogados externos, siempre y cuando demuestren ser mejores que quienes han desarrollado toda su vida profesional dentro del Poder Judicial.

Los externos, que fueron acusados de ser “recomendados”, ni siquiera tenían una especialización en materia civil o penal, algo que sí caracteriza a los jueces.

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