Oaxaca ha llamado la atención en los medios debido a la indignante noticia de que 17 hombres intentaron violar la ley electoral haciéndose pasar por mujeres trans, con el fin de acceder a un cargo público, mofándose de la paridad. El ataque a los derechos políticos de las oaxaqueñas y la transgresión de la ley que esto implica son aún más graves cuando se ejerce violencia contra candidatas y funcionarias municipales, como también sucede hoy.
La discriminación contra las mujeres en Oaxaca ha sido un obstáculo para la participación política de éstas. El caso de Eufrosina Cruz, a quien la violencia machista, escudada en los “usos y costumbres”, le impidió llegar a gobernar su municipio en el 2007, es sólo un ejemplo de los riesgos que enfrentan las mujeres que deciden participar en política.
Si bien, gracias a su lucha, se reformó la constitución estatal para garantizar los derechos políticos de todas las oaxaqueñas, subsisten resistencias machistas en municipios con o sin mayoría indígena.
Así lo demuestra el caso de Lucía Piedad González González, actual presidenta municipal de San Juan Ihuatepec, municipio mixteco con 800 habitantes. A sugerencia de su tío, Camilo M. González Othón, en el 2016 aceptó ser candidata a síndica por el PAN, mientras que él contendería por la alcaldía. Para cumplir con la paridad, el PAN cambió el orden de los cargos y la postuló a ella para la presidencia municipal, que ganó.
Desde que inició su mandato, sin embargo, su tío, actual síndico, con el apoyo del cabildo, la ha agredido y le ha dificultado o impedido el ejercicio de su cargo. Entre otros agravios, que ya afectan su salud, la alcaldesa ha denunciado insultos y descalificaciones machistas, campaña de desprestigio contra ella y su familia, presiones para obligarla a renunciar, incluyendo privación de la libertad por parte del cabildo. Éste, además, ha obstaculizado, entre otras funciones, la gestión del presupuesto, lo que daña a la comunidad.
Ante tal situación, Lucía Piedad decidió interponer una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en junio del 2017. Los denunciados respondieron, a su vez, con acusaciones formales como la usurpación de funciones y una supuesta negativa a pagar las dietas del cabildo.
La sentencia JDC/84/2017 y acumuladas, emitida por este Tribunal el 12 de enero del 2018, es clara: Lucía Piedad González ha vivido violencia política contra las mujeres por parte del cabildo. En cambio, las acusaciones de éste contra ella son infundadas. La falta de pago de la nómina, de la que la acusaron, por ejemplo, no fue tal, sino un atraso, del que la comisión de hacienda municipal, a la que pertenece el síndico, fue responsable. El TEEO, por tanto, ordenó al cabildo que cesara sus “actos de molestia” y colaborara con la alcaldesa para el buen funcionamiento del ayuntamiento, y lo exhortó a respetarla a ella y su trabajo. A ella le ordenó convocar formalmente a reuniones semanales del cabildo ya que no siempre lo hacía así.
Aunque el Tribunal informó del caso a diversas instancias estatales y exhortó a la Secretaría General de Gobierno a intervenir para resolver este “conflicto latente” en perjuicio de la comunidad, éste persiste. Ante la continua violencia en su contra, Lucía Piedad González no ha podido “mejorar las escuelas, la clínica y el sistema de agua potable”, como expone en un reciente testimonio. Su municipio sufre así las consecuencias de la cerrazón machista y de la negligencia estatal.
Si, como quieren sus agresores, esta alcaldesa renuncia, las mexicanas que hoy buscan u ocupan cargos y las 35 oaxaqueñas que han presentado quejas ante la Defensoría de derechos humanos de Oaxaca saldrán perdiendo. Por ello cabe preguntar: ¿por qué el Congreso estatal derogó en el 2017 el delito de violencia política contra las mujeres? ¿Qué espera para volver a tipificarlo como demandan diversos colectivos? ¿Y dónde están las instituciones estatales y federales que deben garantizar el Estado de Derecho y contribuir a eliminar la violencia política por razones de género?