Escuchando a los senadores de Morena, PES y PT que este martes exaltaban el anuncio de la cancelación de la obra de Texcoco, por primera vez di crédito a la hipótesis de una posible venezolanización de México.

El discurso del exdirigente del PAN, el hoy morenista Germán Martínez Cázares sonó a un atento aviso para
el empresariado:

“¡Es contra la asignación de la obra pública corrupta y es, hay que decirlo claramente una y otra vez, el Estado de bienestar que quiere construir Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, sí, es con los de abajo, es por los de abajo y es para los de abajo!”.

Abogado de la Universidad de La Salle, hasta hace poco defensor del liberalismo democrático, militante del PAN durante tres décadas, el exsecretario de la Función Pública defenestró lo sucedido en la Presidencia con Felipe Calderón, de quien en otros tiempos fue amigo y operador político.

Y dirigiéndose a los panistas, el futuro director del IMSS, renegó así de su pasado:

“¡Yo voté porque en México tuviéramos un Presidente, lamentablemente ustedes propusieron que México tuviera un gerente. No más gerentes en la Presidencia de la República! Yo quería un Presidente y estoy orgulloso del Presidente que está adelante, que prima lo político, que prima a los de abajo”.

Víctor Castro Cosío, exalcalde de La Paz y futuro representante del gobierno en Baja California Sur como coordinador estatal, se lanzó contra priistas y panistas:

“¡Fueron derrotados históricamente y su régimen no va a volver porque vamos a imponer un régimen de bienestar,
de justicia, no de grupos inmorales que han hecho del gobierno negocio y modo de vida!”.

La senadora Malú Mícher pidió a los empresarios que la bajaran 10 rayitas:

“Andrés Manuel López Obrador se muestra, a raíz de los resultados de la encuesta, muy bondadoso. ¿Y saben por qué bondadoso y saben por qué bueno de corazón? Porque no saca a la luz las corruptelas, el tráfico de influencias de todos los que se están viendo afectados por esta decisión”.

Durante más de cinco horas, senadores de la coalición Juntos Haremos Historia defendieron la cancelación de la obra como el primer paso de un cambio de régimen en el que el gobierno no estará al servicio de los empresarios, los mercados internacionales, los poderes fácticos y la oligarquía, porque ningún interés económico estaría por encima de la voluntad popular.

La senadora del PES Eunice Romo Molina fue más allá: “El triunfo de Santa Lucía significa el triunfo de la vida sobre el capitalismo y el neoliberalismo”.

Es en atención a estos pronunciamientos que hablamos de una potencial venezolanización mexicana.

Nos referimos al ejercicio del poder gubernamental sustentado en la polarización entre un ente llamado pueblo y los poderes económicos.

Un segundo ingrediente de la venezolanización radica en el culto al gobernante que al mismo tiempo es líder de un movimiento popular, con  “los de abajo”.

El tercer elemento del modelo chavista es la descalificación de los mecanismos de la economía global, organismos empresariales,  intelectuales y medios de comunicación donde se expresan los críticos al gobierno.

Pero en política, y más cuando se trata del gobierno, lo que cuentan son los hechos.

Y si bien, en el plano retórico se asoman las coordenadas del modelo que hace 19 años inauguró el comandante Hugo Chávez, en la práctica, el futuro gobierno toma distancia de la venezolanización en puntos cruciales como llevar la fiesta en paz con Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

A diferencia de lo que sucede con Nicolás Maduro en Venezuela, el Presidente electo ha prometido reconciliación nacional, que nunca recurrirá al uso de la cárcel para sus adversarios políticos ni a la represión.

Además, López Obrador ganó con 30 millones de votos porque logró aglutinar a su alrededor a las clases medias, a empresarios y a políticos del PRD, PRI y PAN.

La asimilación que el futuro gobierno hace de la clase gobernante se ilustra con la aterciopelada transición y el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá y la versión de que uno de sus artífices, Ildefonso Guajardo, priista y actual secretario de Economía, podría incorporarse a la Cuarta Transformación como funcionario o candidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León.

De manera que con los portadores de la retórica venezolanizada coexisten representantes del statu quo que esperan el cumplimiento de otras promesas del Presidente electo, incluidas las de reasignar contratos a los inversionistas en Texcoco.

Ese ofrecimiento desató una pregunta entre los futuros senadores de oposición: ¿Por qué se le califica de obra corrupta y no se castiga a sus corruptos?

La respuesta a ese cuestionamiento será clave para determinar la profundidad del prometido cambio de régimen. O si, una vez más, asistimos al gatopardismo.

Por lo pronto, están ahí los amagos de una retórica parlamentaria venezolanizada. ¿Es un espantapájaros o es la pieza de negociación de la futura gobernabilidad mexicana?