México, 29 Jun (Notimex).- Los integrantes del Poder Judicial no desarrollan sus políticas públicas a partir de los tiempos y los procesos políticos, sostuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

Por ello, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal llamó a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a fortalecer su actuación para separarse de esa idea y reforzar su agenda prioritaria de protección a los derechos humanos, limitando el abuso del poder.

Dijo que “la autoridad de la Suprema Corte para fijar los límites a los demás poderes, establecer criterios garantistas para la protección de los derechos humanos y asegurar una tutela judicial efectiva, tiene como precondición la confianza de la sociedad”.

Lo anterior lo manifestó el ministro presidente durante la presentación del libro “Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano”, de Rodolfo Lara Ponte, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada en la sede alterna del Alto Tribunal.

Subrayó que esa confianza de la sociedad, que da legitimidad a los juzgadores, exige que su independencia, objetividad y profesionalismo sigan fortaleciéndose día a día en su actuación, en su forma de guiarse y conducirse.

“Hoy más que nunca necesitamos reforzar nuestra cohesión institucional, dentro de la pluralidad que nos fortalece, y coincidir en los valores que identifican a la Suprema Corte para proveer de legitimidad a las decisiones fundamentales que dictamos”, aseveró.

Al comentar el libro, destacó la trayectoria del autor y su afinidad con el tema de los derechos humanos, que se ha visto impulsada siempre por la idea de fortalecer las garantías jurídicas que posibiliten un verdadero régimen de libertades públicas, una perspectiva que dijo compartir.

“Pensar estudiar y hablar acerca de los derechos humanos, agregó, es pugnar por su consecución plena en todos los órdenes de nuestra vida social”.

Por su parte, Rodolfo Lara Ponte, autor del texto, detalló que su libro propone una dialéctica entre derechos humanos y la Constitución para llegar a un modelo de Estado y de sociedad que gire invariablemente en torno a la dignidad de la persona.

El vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, consideró que la obra es ya parte del constitucionalismo mexicano, y de utilidad no solo para estudiantes, jueces, académicos y operadores jurídicos, sino para cualquier persona.

En tanto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, señaló que el texto es una referencia obligada e insustituible, pues ofrece la información necesaria para el estudio y comprensión de la dimensión de los derechos humanos en México.