Una nueva ley en Texas permite a los policías detener y deportar a migrantes a México si sospechan que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta ley que otorga a los agentes de policía la autoridad para arrestar a cualquier persona que crean que ha entrado ilegalmente al país.
En virtud de esta recién aprobada legislación, en Texas los agentes de policía tendrán la autoridad para detener y deportar a México a cualquier persona que sospechen que ha ingresado ilegalmente a los Estados Unidos.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha aprobado una serie de leyes contra la inmigración hoy, incluyendo la SB4, que se considera una de las más duras en la historia de Estados Unidos y que permite a la policía detener y deportar a los migrantes sin garantizarles un debido proceso.
El gobernador Abbott firmó hoy tres leyes en respuesta a la política de "fronteras abiertas" del presidente Biden. Estas leyes fueron aprobadas durante las sesiones extraordinarias de la Legislatura y se enfocan en la construcción del muro en la frontera entre México y Brownsville (Texas).
La SB4 es considerada una de las leyes más severas contra la migración en la historia de Estados Unidos. Esta ley convierte en un delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado desde otro país. Si el infractor es reincidente, esta falta se convierte en un delito grave que puede ser castigado con hasta 20 años de prisión.
La legislación permite que los tribunales estatales ordenen la deportación de personas sin necesidad de un juicio. Además, los agentes de policía podrán detener a cualquier persona que sospechen que ingresó al país de manera ilegal, y tendrán la opción de expulsarla a México a su discreción.
El gobernador firmó esta ley con el objetivo de detener el flujo de ingresos ilegales de extranjeros a Texas. Hizo hincapié en que durante la administración de Biden, que comenzó en enero de 2021, más de ocho millones de migrantes han cruzado la frontera.
En respuesta a las inquietudes de los activistas que alegan que la ley favorece la discriminación racial hacia los migrantes que viven en el estado, entre otros efectos negativos, Abbot señaló que la implementación de esta legislación se centrará en la zona fronteriza.
El gobernador Abbott ha implementado una serie de medidas como parte de su Operación Estrella Solitaria para combatir la migración irregular. Hasta ahora, se han asignado 9,500 millones de dólares desde 2021 para esta operación, que incluye la instalación de cercas de alambre de púas y barreras de boyas en el Río Grande (conocido como Río Bravo en México).
Abbott ha aprobado dos proyectos de ley más, entre ellos la SB3, que destina 1.540 millones de dólares extra para la edificación del muro en la frontera y para financiar operaciones de seguridad en la zona, incluyendo fondos para los departamentos de policía para llevar a cabo la SB4.
El gobernador ha aprobado una nueva ley que establece que las personas que sean declaradas culpables de tráfico de migrantes deberán cumplir una pena mínima de 10 años.
Además, Abbott criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalando que la frontera funciona en ambos sentidos y que su gobierno ha logrado detener esta situación.
Desaprobé la política de López Obrador por exponer a los migrantes a situaciones de tortura, violación y muerte, considerándola inaceptable.
A pesar de que la política migratoria de Abbott ha implicado un gasto excesivo, estas medidas le han permitido al gobernador consolidar su poder en el estado al ignorar las objeciones de los demócratas. Además, ha logrado promover su agenda contra la migración a nivel nacional y desafiar al gobierno del presidente Biden, a quien atribuye la migración ilegal debido a su política de "fronteras abiertas".
Abbott se encuentra ante la posibilidad de que las recientes leyes, especialmente la SB4, sean cuestionadas por el Gobierno federal o por organizaciones a favor de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quienes ya han manifestado su intención de llevar el caso a los tribunales.
Estas nuevas regulaciones también pueden causar que un grupo de aproximadamente 12 millones de hispanos en Texas se opongan, ya que son el grupo demográfico más grande en el estado, representando el 40.2% de los 30 millones de habitantes.
Según datos proporcionados por la agencia E
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