Al inicio de la presente administración, el órgano Prevención y Readaptación Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibió el documento “Tercera reforma penitenciaria, Propuesta para una trasformación integral, inaplazable, redituable e histórica”.
A 23 meses de gobierno, la dependencia emitió el Acuerdo de su titular, Alfonso Durazo Montaño, que ordenó el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Occidente, ubicado en Puente Grande, Jalisco.
Entre todas las recomendaciones que un grupo de especialistas penitenciarios realizaron al Gobierno de México, en ninguna se incluye el cierre o desincorporación de centros carcelarios, como se empezó a aplicar desde el 28 de septiembre de este año.
Fuentes de la SSPC explicaron que el documento “Tercera reforma penitenciaria” se entregó al inicio de la gestión de Francisco Garduño, como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado PRS.
Sin embargo, el funcionario fue removido para encargarse de la comisión del Instituto Nacional de Migración (INM) y en su lugar fue nombrado José Ángel Ávila, sin que se mostrarán intensiones de atender a las recomendaciones de los especialistas.
En el documento se parte de la explicación de que a lo largo de la historia del país, se han realizado dos reformas penitenciarias, la primera a cargo del presidente Porfirio Díaz, quien, entre otras cosas, ordenó el cierre de la Cárcel de Belén y puso en operación la Penitenciaria de Lecumberri, en la Ciudad de México.
A nivel federal, fue en esa administración que se puso en operación la Colonia Penal de las Islas Marías, que a lo largo de más de 100 años, se transformó en cinco penales federales, los primeros que fueron cerrados en la Cuarta Transformación, para hacer un centro cultural y de estudios biológicos.
La segunda transformación penitenciaria ocurrió en los años 70, cuando se cerró Lecumberri y en su lugar se pusieron en operación los reclusorios preventivos Norte, Oriente y Sur, en la capital del país, que se sumaron al penal que ya operaba como penitenciaria en Santa Marta Acatitla.
En esta época también se inició la planeación de un sistema de penales de máxima seguridad, para atender las necesidades de reclusión de criminales que comenzaban a surgir con estas características.
Fuente: Excélsior
