El debate sobre urbanismo y las experiencias recientes de impacto en la Ciudad de México oscilan entre políticas públicas y explicaciones oficiales, análisis de expertos y académicos y la furia y desasosiego vecinal.
Sin embargo, entre todas esas versiones contrastantes existe un consenso de fondo. La ciudad no va por el camino correcto y algo tiene que hacerse en materia de planificación ordenada para revertir el proceso actual de desarrollo desordenado.
Ese consenso se expresó en la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México, en la que se estableció la metodología para la elaboración de un programa general de desarrollo urbano de la ciudad, con el componente importantísimo de una amplia consulta ciudadana como factor de compañía al proceso de su elaboración. Condicionó tiempos de conclusión, a fin de que no pasara demasiado tiempo antes de contar con ese marco referencial para el diseño de políticas públicas en la materia. Bien por los redactores de la Constitución.
Pero mal por los mismos partidos que, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acordaron hacer un procedimiento propio, ignorando lo acordado en la Asamblea Constituyente, adelantando el proceso de consulta y redacción del programa de desarrollo urbano. Mal porque siguen las mismas metodologías que han creado tantos problemas en la ciudad. Trabajan sin haber construido una idea primal de la ciudad que los ciudadanos quieren, como punto de partida de la gestión y procesamiento de un programa urbano para que su direccionalidad, que no sea únicamente la conciliación y satisfacción de los proyectos de los desarrolladores e intereses del capital.
El ejemplo clásico de este método de falta de método se vivió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando, haciendo gala y abuso de facultades autoritarias de gobierno heredadas de los tiempos del PRI, le impuso a la ciudad el Bando 2 que cambió arbitrariamente los usos de suelo en las cuatro delegaciones centrales de la ciudad (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza) para permitir el boom inmobiliario que ha sido el azote de la ciudad desde entonces.
Lo hizo sin consulta alguna con comunidades, tampoco con urbanistas, sino simplemente fue su pacto político-económico con empresas de desarrolladores urbanos, notablemente Carlos Slim, Gutiérrez Cortina y los Daniel.
De un plumazo instauró en la ciudad una metodología que colocaba a los acuerdos políticos secretos por encima de la planificación urbana como instrumento para el crecimiento.
No tenía una sola idea acerca de los impactos urbanos de su Bando. No había un cálculo sobre necesidades de abasto de agua, sobre servicios de movilidad, atención de servicios urbanos y sociales ni los efectos de la especulación de bienes raíces.
El efecto ha sido la expulsión de pobres de la ciudad hacia el Estado de México, priorizando el transporte privado sobre el público —no hizo un kilómetro de Metro— y convirtió a la ciudad en una zona de vivienda cara.
Publicar el Bando 2 fue para congraciarse con desarrolladores, despreciando a la ciudadanía, envolviéndose en un discurso falso sobre la promoción de vivienda de interés social. Los siguientes gobiernos “de izquierda” siguieron la misma línea de desarrollo urbano negociado y caótico, viendo a la ciudad como su botín, no como el espacio que debiera ser habitable para millones de ciudadanos.
El caos urbano empezó con el Bando 2 de Andrés Manuel López Obrador.
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Post y Contenido Original de : Excelsior
Origen del caos urbano
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