Se trata de imponer el cambio de régimen

                por la vía de la fuerza y por encima de todo.

                Raymundo Riva Palacio.

Me he dedicado al estudio del derecho. Como litigante, sólo llevé un divorcio voluntario, que por poco pierdo. Me quedé en la teoría y, como legislador, he participado en las más trascendentes reformas de 1991 a la fecha, ya sea en forma directa, asesorando a grupos parlamentarios o escribiendo sobre ellas.

México enfrenta un grave problema causado por el relajamiento en la elaboración, interpretación y ejecución de sus leyes. Los órganos internacionales nos reprueban en la materia. Lo paradójico es que, a partir de nuestra ambivalente transición, hemos sufrido el mayor deterioro a causa de un derecho demagógico, se engaña con la ley, se simula el cambio y al final se degrada, cada vez más, la cultura de la legalidad; la religión cívica de la que hablaba Rousseau, la conciencia de lo legal de la que escribía Ihering, la voz de la ley, expresión frecuentemente usada en el discurso político.

Por mucho tiempo se habló de la necesidad de un tribunal electoral. Manuel Gómez Morin lo pidió desde 1940. Nacido en 1987 como Tribunal de lo Contencioso Electoral, se ha convertido en un esperpento: una inmensa burocracia con instancias estatales y federales que confunde, enreda y distorsiona la voluntad popular. Validar las elecciones en Coahuila y el Estado de México, conceder el registro a Jaime Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República, cancelar la multa a Morena por el simulacro de un fideicomiso privado y ratificar los resultados electorales de Puebla, por sólo mencionar algunos ejemplos, confirman su desprestigio.

Ojalá me equivoque, pero Puebla vivirá un sexenio de grave descomposición y retroceso. El PAN es cómplice de un descarado acto de nepotismo, en este atropello que culmina con una decisión dividida del Trife. Martha Erika Alonso tiene en contra al gobierno federal, al Congreso del Estado, a la mayoría de los ayuntamientos, a la mitad de la población (siendo generosos). Su legitimidad está cuestionada y existe una arraigada certeza de que será manipulada por el exgobernador.

Es un estado con alto grado de marginación, con violencia creciente en los últimos años, con una clase política enconada y polarizada y con una ciudadanía hastiada e indignada por el mal trato de sus gobernantes. Peor, imposible.

Volviendo a las leyes, por diversas razones, nos salen mal: se obliga la equidad de género y se degrada la participación femenina; se permite la reelección de legisladores y alcaldes y se fortalecen los cacicazgos; se cancelan las ilegales renuncias de los gobernadores y surgen los virreyes arbitrarios y corruptos; el juicio de amparo, concebido para proteger los derechos humanos, protege delincuentes, evita la investigación de delitos y propicia impunidad; se crean órganos autónomos, pero se partidiza la designación de sus titulares; se crea un sistema penal acusatorio, pero en su lenta instrumentación se pierden los fines para los que fue creado; se impulsa una larga y necesaria Reforma Educativa y de un plumazo se cancela; se opera con la consigna pregonada por un legislador pragmático: si no es legal, hazlo legal.

La lista podría prolongarse, lo cierto es que en México no funciona la ley. Su reforma no debiera consistir en agregarle, sino en precisar para qué sirve y en ceñirla a lo estrictamente necesario y que, por lo tanto, debe ser sancionado por el Estado.

Los países con altos niveles de desarrollo y bienestar tienen un derecho confiable, acreditado en su cumplimiento y que sustenta una justa paz social. Una buena reforma jurídica sí podría denominarse “Cuarta Transformación”, término tan cacareado en la actualidad.