El año 2010 Sebastián Piñera enfrentó la mayor movilización social que ha existido en el último tiempo relacionada con conflictos ambientales. Fue contra proyectos energéticos, específicamente con la férrea oposición a la termoeléctrica Barrancones y, luego, HidroAysén. Entonces, cientos de personas en Santiago y a lo largo de Chile se manifestaron para rechazar la iniciativa que pretendía represar el sur austral y transformar el sur de Chile en una “guitarra eléctrica”.
Pese a que su gobierno creó ciertas áreas protegidas, en realidad se caracterizó por la flexibilización de normas que favorecían la explotación de la naturaleza y la destrucción del medio ambiente, muy acorde con su objetivo de lograr un crecimiento al 6% y agilizar las inversiones.
A medio camino del mandato del Presidente Sebastián Piñera, se conoció que había creado un comité para la agilización de las inversiones amparado en el marco de una comisión presidencial. Sin embargo, Contraloría dictaminó que era irregular, pues estaba interviniendo en todos los ministerios y, por ende, en diferentes políticas, sin tener las atribuciones para aquello.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), recuerda que “Piñera intentó encubrir su falta de compromiso ambiental con el rechazo a Barrancones y con la creación de algunas áreas protegidas, pero finalmente debilitó la protección ambiental en general con su agenda económica y de priorización de inversiones”. Además, sostiene el ambientalista, “postergó hasta el límite la implementación de la nueva institucionalidad que implicaba pequeños nuevos espacios en participación ciudadana y fiscalización, y finalmente, no sacó la Ley de Áreas Silvestres y Biodiversidad”.
La contradicción que ciertos analistas vieron en el ex Presidente Piñera fue que, por un lado, era el único que en los hechos demostraba su preocupación por el medio ambiente, ya que tenía su proyecto conservacionista, el Parque Tantauco; pero, por otro, el mandatario prometía que Chile iba a crecer al 6% bajo su gobierno, lo que en los hechos significaba presionar la naturaleza, el medio ambiente y a las comunidades, para explotar los bienes comunes, y paralelamente, agilizar los mecanismos que existían para que las empresas pudieran extraer más y exportar más.
En la primera cuenta pública, el 21 de mayo de 2010, Sebastián Piñera manifestó que “el cuidado de la naturaleza y la protección del medio ambiente se han instalado en nuestras conciencias como un tema ético y prioritario. No podemos seguir irresponsablemente contaminando nuestro país y nuestro planeta. (…) La naturaleza y madre tierra están dando gritos desesperados de alerta. No podemos seguir ignorándolos”. Para cerrar, manifestó que había que “ser respetuosos con la gente y las comunidades”.
Energía sucia
El proyecto termoeléctrico Barrancones el año 2010 tenía cierta resistencia, pues comunidades del sector y la campaña Chao Pescao habían logrado difundir y crear conciencia del importante valor de la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.
Se movilizaron comunidades, científicos, autoridades regionales, algunos parlamentarios; se entregaron al Gobierno unas 25 mil firmas y se denunció que la aprobación técnica del proyecto era prácticamente una farsa, pues primero los servicios regionales habían hecho observaciones y luego aprobaron sin más. Pero Piñera llamó al gerente de Suez Energy y le propuso que hiciera el proyecto más al norte, lo que en la práctica significó la cancelación.
Para Lucio Cuenca, el entonces mandatario hizo un “uso indebido de la discrecionalidad política al bajar Barrancones, luego de ser aprobado por su propia institucionalidad”, dando señales contradictorias desde un comienzo.
Al año siguiente, le tocaría el turno a la resistencia de los ríos Baker y Pascua en el sur austral de la región de Aysén, puesto que el proyecto HidroAysén era aprobado pese a toda la oposición que se levantaba por el país. Institucionalmente, el sí a las megarepresas escaló desde la aprobación regional hasta el Consejo de Ministros, sin embargo, esta última decisión se atrasó en reiteradas oportunidades, extendiendo los plazos más allá de lo establecido en el espíritu de la ley. Así fue cómo las movilizaciones que partieron en Coyhaique llegaron incluso al norte del país, en acciones coordinadas por organizaciones y comunidades que apoyaban la lucha del sur.
En paralelo a la aprobación del proyecto que pretendía represar los ríos Baker y Pascua, se impulsaba la construcción de una carretera eléctrica, que sería establecida por el Estado, pero entregada a privados a perpetuidad. Esto estaba en el marco de la agenda Pro Inversión y Competitividad que impulsó 20 medidas de gestión y reglamentos en diferentes áreas, entre ellas la eléctrica. Esta carretera eléctrica -que algunos denominaron la “guitarra eléctrica”- pretendía ser una subvención al proyecto HidroAysén, pues de nada servía represar los ríos australes si es que no había conexión con el Sistema Interconectado Central o el del Norte Grande, donde la industria minera requiere gran parte de la energía producida. Pero gracias a la oposición ciudadana el proyecto Hidroaysén y su “guitarra eléctrica”, se hundieron tras la decisión del Consejo de Ministros; no sin antes atravesar por la rebelión de la Patagonia el verano del año 2012 con el lema “Tu problema es mi problema”, donde una de las demandas era revisar la política energética del país.
La termoeléctrica Castilla, del millonario Eike Batista, se enfrentó a una pequeña pero digna comunidad en el centro del desierto florido, en el pueblo de Totoral, región de Copiapó. No tenía ni energía eléctrica y para hacer las reuniones en la junta de vecinos debían poner un generador a bencina. Dentro de las presiones más importantes para intentar imponer el proyecto, se puede mencionar que el pueblo fue prácticamente dividido cuando la familia Domínguez llegó a un acuerdo con los ejecutivos de CGX apoyando la construcción del proyecto.
El gobierno de Piñera intentó por todos los medios aprobar el proyecto que Bachelet había rechazado. Hubo presiones a los funcionarios, cambio de autoridades regionales, especialmente para cambiar resoluciones, como el seremi de Salud Raúl Martínez, quien cambió la calificación que su antecesora le dio al proyecto, que pasó de ser “contaminante” a “molesta”. La pelea terminó en la Corte Suprema a favor de la comunidad que proponía entregar aceitunas a las autoridades -como al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira- con el lema “Totoral, desarrollo que no hace mal”.
Ley Monsanto – Von Baer
Si bien Bachelet el 2008 fue quien firmó la llamada Ley Monsanto, fue Piñera quien le dio un fuerte impulso a los cultivos transgénicos, pues la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, tenía estrechos vínculos con la industria transgénica. Por eso, la campaña Yo no quiero transgénicos utilizó su nombre para acercar a la ciudadanía lo que significaba lo transgénico y los nombres Monsanto, Syngenta, Bayer y Von Baer. Todas empresas que se beneficiarían de la resistida Ley Monsanto o Ley de Obtentores Vegetales, que en el fondo ratificaba el acuerdo de las multinacionales transgénicas UPOV 91. Esta firma garantizaba más lucro para las transnacionales de la biotecnología a costa de la privatización de la semilla y de la consiguiente destrucción de la agricultura familiar campesina y la biodiversidad.
Fue una larga lucha que se inició el año 2008, en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que pareció terminar el 2014 cuando asumió el segundo mandato de Bachelet, luego de que su vocera, Ximena Rincón, anunciara que se iba a revisar esa ley “por atentar contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria”. Sin embargo, tiempo después, se conoció a través de WikiLeaks de un nuevo acuerdo entre países del pacífico que se conoció como Trans-Pacific Partnership o TPP. La campaña Yo no quiero transgénicos en Chile convergió en una nueva plataforma –Yo no quiero TPP-, junto a otras organizaciones que se verían afectadas por este acuerdo internacional.
Aires peores
Encabezado por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, el gobierno de Piñera derogó la norma de calidad del aire PM10 anual en secreto y sin consulta pública. Al mismo tiempo, promulgó una nueva legislación que vino a flexibilizar las exigencias ambientales, permitiendo mayores emisiones de material particulado grueso y la instalación de industrias contaminantes en zonas que hoy están saturadas. En particular, con la ciudad de Santiago, el gobierno postergó la declaración de los aires capitalinos como Zona Saturada de material particulado fino (PM 2.5, el más dañino para la salud), argumentando que había prioridad de trabajar primero con las regiones del sur que tienen concentraciones más altas de polución.
Como si lo anterior fuera poco, Piñera además el año 2011 permitió mayores emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para la norma de emisión, en lo que se refiere a las centrales termoeléctricas. Y, en la norma de incineración y coincineración vigente desde 2007, eliminó la medición del vanadio y níquel, contaminantes altamente tóxicos y cancerígenos.
Que así no SEIA
Si bien fue el gobierno de Piñera el que promulgó la Ley 20.417 que creó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) el año 2010, que venía a sellar un largo camino de discusiones para actualizar la institucionalidad ambiental chilena y ponerla al nivel de los países de la OCDE, el mandatario retrasó tanto los instrumentos de fiscalización como la modificación del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), evitando así la apertura de nuevos espacios de fiscalización ambiental como la SMA y mayor participación ciudadana en la protección ambiental.
Parque Nacional Lauca. Foto: turismochile.com
Aunque declaró algunas Áreas Protegidas -como el parque Yendegaia, al sur de Tierra del Fuego; el parque marino Sala y Gómez, cerca de Rapa Nui, y Los Géiseres del Tatio-, desde Arica anunció la desafección de parte del Parque Nacional Lauca para favorecer a la Southern Copper Corporation y construir el proyecto Catanave, enfrentándose a la comunidad Aymara por no hacer una Consulta Indígena bajo los estándares del 169 de la OIT. Además, dejó pendiente la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
En el marco de estas modificaciones a la institucionalidad ambiental es que intentó hacer pasar el mecanismo de consulta indígena, firmado por Bachelet en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una herramienta disponible solo bajo el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y no de forma autónoma. Pese a los intentos de Piñera, la protesta terminó por evidenciar que tanto el espíritu de dicha ley, así como el estándar internacional, buscaban la consulta previa, libre e informada, en el marco de la autodeterminación de los pueblos.
Agrosuper
Los malos olores de Agrosuper atravesaban desde Freirina a Vallenar, pues la planta faenadora de cerdos más grandes de Latinoamérica después de años de espera se estaba por fin iniciando en la región de Atacama. Sin embargo, al poco tiempo el olor a putrefacción movilizó a las comunidades pues veían cómo sus hijos en los jardines infantiles sufrían náuseas y las moscas ponían en riesgo la salud de toda la población. Tras el alzamiento -que duró varios días con caminos cortados por la protesta social-, se terminó con la Intendenta de la región, Ximena Matas, renunciada; con la presencia del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, intentando ejercer la autoridad, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en terreno decretando emergencia sanitaria porque la putrefacción producto de la cantidad de cerdos en la planta que no recibieron atención debido a los cortes de ruta, se transformaron en un peligro para todos los habitantes de la zona. Además, se encontró agua contaminada.
Uno de los dirigentes fue golpeado por guardias de Agrosuper en un confuso incidente en la entrada de la faenadora. Mientras, desde el gobierno central utilizaron por primera vez un artículo de la nueva Ley Ambiental que permite realizar modificaciones a las resoluciones de calificaciones ambientales de los proyectos ya aprobados, sin necesidad de realizar una nueva evaluación ambiental. La intención fue modificarla para que la planta de cerdos fuera más pequeña, pero debido a que los olores se perpetuaron y la contaminación aún estaba latente, Agrosuper decidió cerrar el proyecto.
Javier Karmy Bolton
Source: El Ciudadano
