En Chiapas, se está exigiendo al Gobierno de México que reconozca el desplazamiento forzado que ocurrió en 1997. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes están demandando que se reconozca el desplazamiento interno que ocurrió durante la masacre.
Los familiares de las personas que fueron víctimas y los que sobrevivieron a la masacre están pidiendo que se reconozca el desplazamiento forzado interno que ocurrió en ese contexto.
En diciembre de 1997, paramilitares llevaron a cabo una masacre en la comunidad de Acteal, en Chiapas, resultando en la muerte de 45 personas. Como resultado de este evento, los indígenas de la comunidad han sido desplazados y ahora buscan que el Gobierno mexicano reconozca su situación como un desplazamiento interno forzado, organizado por el grupo "Las Abejas".
En Tuxtla Gutiérrez, el Consejo de la organización hizo una declaración ante el Poder Judicial de la Federación, en la cual se mencionó que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes están exigiendo que se reconozca el desplazamiento forzado interno en relación con la masacre.
En México es necesario establecer un antecedente legal en relación al desplazamiento forzado interno, considerándolo como una violación severa y recurrente de los Derechos Humanos. Esto es crucial debido a que en pleno siglo 21 los desplazamientos forzados son una realidad cotidiana y preocupante, como mencionó Zenaida Perez Gomez, quien tiene un familiar víctima de esta tragedia, durante una entrevista con los medios de comunicación.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo de personas indígenas que estaban orando en la comunidad de Acteal fue atacado por un grupo de individuos indígenas sospechosos de ser paramilitares. Este ataque resultó en la muerte de 45 personas tzotziles de la comunidad de Las Abejas, incluyendo a 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos.
En agosto de 2006, muchas personas fueron detenidas bajo sospecha y, posteriormente, en 2007, fueron condenadas por un juez federal a penas de hasta 25 años de prisión.
La organización hizo hincapié en que, desde 1995, los indígenas habían reportado ataques por parte de grupos paramilitares. A partir de mayo de 1997, estos ataques se intensificaron, resultando en asesinatos, saqueos y quemas de viviendas y parcelas. Finalmente, culminó en una masacre en diciembre.
Una persona que logró sobrevivir a la masacre de Acteal ha afirmado que, incluso después de casi 26 años, todavía hay personas desplazadas de 12 comunidades que no han regresado debido a la falta de condiciones favorables. Además, miles de personas más se están desplazando debido a la presencia de grupos delictivos organizados en el territorio de Chiapas.
El 29 de septiembre, los abogados de Las Abejas, una organización, presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Esta demanda busca que se repare completamente el daño causado por el desplazamiento forzado que sufrieron más de 308 indígenas tzotziles.
"Estamos haciendo un gran esfuerzo y luchando por algo, pero el beneficio no es solo para las 308 personas que se quejan, sino que nuestra idea es establecer un precedente y buscar que todas las víctimas de desplazamiento forzado, así como aquellos que se encuentran en calidad de desplazamiento, también sean beneficiados", expresó Patrocinio Hernández Gómez, quien sobrevivió a Acteal, en una entrevista con los medios.
Durante su manifestación, el Consejo de la organización exhibió en pancartas los eventos más importantes que tuvieron lugar entre 1995 y 1998 en Chenalho.
El viernes pasado, las personas que presentaron una demanda por desplazamiento forzado celebraron la aceptación de su caso y presentaron a dos expertas independientes, que son mujeres, para llevar a cabo un estudio socio-antropológico en el juicio de amparo.
"Trajimos dos abogadas independientes que realizarán un informe socio-antropológico para analizar las razones y las consecuencias que afectan a estas comunidades y a la sociedad en general", declaró Sandino Rivera, quien es abogado del Consejo de la organización.
De acuerdo a una organización no gubernamental, durante la última década, los supuestos paramilitares responsables del atentado han sido liberados de manera individual y actualmente se encuentran en libertad en la comunidad, sin que se haya castigado a los responsables intelectuales.
Los indígenas han manifestado su preocupación por el aumento de la violencia y la falta de seguridad en el estado, y esta protesta se produce semanas después de dichas advertencias.
Diversas organizaciones y personas comprometidas han denunciado la situación de violencia que se vive en Chiapas, comparándola con un clima de "guerra civil". Esta violencia se debe a los conflictos armados, la presencia de grupos criminales y carteles de narcotráfico, lo cual ha resultado en asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, principalmente en comunidades indígenas y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Durante muchos años, las 118 personas que lograron sobrevivir a la masacre de Acteal, así como las familias de las 45 víctimas mortales, han estado buscando que el gobierno mexicano les brinde justicia y reparación por los daños sufridos.
También buscan que se acepte que la matanza fue resultado de una estrategia del Gobierno de México para desmantelar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se alzó en armas en 1994, y que las personas que llevaron a cabo el acto fueron entrenadas por el Ejército mexicano.
Según los datos proporcionados por la agencia
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