La discusión sobre si el órgano encargado de defender la constitución debe ser político o judicial ha sido un tema de debate en todo el mundo.
Durante gran parte del siglo XIX en nuestro país, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia eran revisadas por un órgano político, como la cámara federal. Esto llevaba a que la Corte no fuera realmente suprema ni independiente.
A lo largo de la historia, ha habido debates sobre qué organismo debería ser el defensor de la constitución, si uno político o uno judicial. Ejemplos de esto son el famoso caso Marbury vs Madison de la Suprema Corte de los Estados Unidos y la controversia entre Kelsen y Carl Smith en Europa durante el siglo pasado. En ambos casos, el poder judicial salió victorioso al establecerse como el guardián e intérprete final de la constitución, llegando incluso a tener un papel legislativo negativo, como se establece en el artículo 105 de nuestra constitución.
El propósito de esta norma no es llevar la política ante los tribunales, sino proteger la constitución contra cualquier acción de una autoridad que la ignore, viole, restrinja o menosprecie. Esto se hace para garantizar los derechos humanos y el equilibrio de poderes, que son elementos fundamentales de un estado democrático.
Esta situación continuará generando disputas entre los diferentes poderes, como ya ocurrió a finales del Siglo XIX, debido al caso conocido como Amparo Vega. En este caso, el ministro Miguel Auza, quien era compatriota de Vega, intervino y se estableció que la Suprema Corte de Justicia es la encargada de decidir sobre la constitucionalidad de los actos de las autoridades, incluyendo las leyes emitidas por el órgano político.
En la actualidad, se ha generado controversia debido a las decisiones de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de leyes federales. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación ha adquirido atribuciones para resolver asuntos relacionados con la vida interna de las cámaras federales y los partidos políticos, lo que también ha generado debate.
El líder del país critica a los jueces, ministros y a la presidenta de la Suprema Corte, y sus seguidores lo apoyan. Durante esta época electoral, ha propuesto que los jueces de alto rango participen en las elecciones para obtener sus cargos.
Aunque se reconoce que hay vicios y privilegios en la cúpula del poder judicial que necesitan ser examinados, parece que el poder ejecutivo está tratando de dominarlo y controlarlo, como se puede observar en su actitud frente a sentencias desfavorables que parecen estar bien fundamentadas y en línea con la protección de la constitución.
Bajo esas circunstancias, se puede tener la siguiente opinión:
Es fundamental abordar y eliminar la colaboración indebida entre los tribunales federales y los bufetes de abogados de renombre. El libro "Traición en Palacio" escrito por Hernán Gómez, que aparentemente muestra simpatía hacia lo que se conoce como Cuarta Transformación (aunque personalmente, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, desconozco qué es exactamente), proporciona suficiente material para llevar a cabo investigaciones.
Cuando se menciona el tema de corrupción, es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva y condenar a aquellos responsables. Es aún más importante cuando es el presidente de la república quien está presentando la denuncia, ya que cuenta con todos los recursos necesarios para asegurarse de que no se quede únicamente en una declaración política o politiquera, tal y como él mismo afirma.
b).- Es esencial garantizar la independencia judicial, lo cual implica asegurar que los jueces del estado reciban salarios justos y dignos, sin caer en lo ofensivo.
La carrera judicial debe ser realmente efectiva y no una farsa para beneficiar a familiares y amigos, como ha sido evidenciado por personas dentro del poder judicial federal. Esta situación limita el derecho de quienes tienen habilidades y vocación, pero carecen de conexiones cercanas.
El sistema de nombramiento de los jueces, establecido por la constitución, no afecta su legitimidad a pesar de no ser elegidos en elecciones. No hay evidencia de que este sistema en sí mismo sea la causa de corrupción.
El hecho de llevar a elecciones a los cargos judiciales implica que estos se vuelvan parte del ámbito político y, por lo tanto, tengan que responder a los partidos que los propusieron. La intención del poder político actual de cambiar el sistema parece más bien un intento de controlarlo que de otorgarle un aspecto democrático. Cabe mencionar que la democracia, como sistema político, no se limita únicamente al proceso electoral. El sistema actual no deja de ser democrático solo porque los jueces no sean elegidos mediante votación.
Para modificar o mejorar el sistema de nombramiento de los jueces, es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva que abarque todos los aspectos del poder judicial y consultar con expertos legales y la ciudadanía. Es importante recordar que las decisiones políticas tomadas por la Suprema Corte son propuestas por los propios poderes del estado, ya que este tribunal no inicia procedimientos por su cuenta.
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