A un año del desastre, los hallazgos que hizo un equipo de cerca de 30 personas —entre coordinadores del proyecto, reporteros, fotógrafos, diseñadores, ilustradores, programadores y comunicadores— son numerosos.

Después de realizar y procesar cerca de 800 solicitudes de información dirigidas a distintas delegaciones y dependencias gubernamentales, hablar con los afectados, acudir al Registro Público de la Propiedad para obtener la información de predios y empresas, así como consultar a especialistas en ingeniería estructural y geotecnia, llegaron a una conclusión principal: gran parte de las pérdidas pudieron haberse evitado, de haberse aprendido las lecciones que dejó el terremoto de 1985 y de no existir la corrupción gubernamental que ocasionó tantas omisiones y daños.

La investigación, presentada bajo la forma de 28 productos periodísticos, reveló que el Reglamento de Construcciones, catalogado como uno de los mejores del mundo, se ignora tanto por las autoridades como por los constructores.

De igual forma, mostró que numerosas familias prácticamente habían invertido los ahorros de toda su vida en cascarones, pues sus viviendas habían sido modificadas para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras; o bien, se trataba de inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; o en sitios construidos sobre cimientos viejos, de los que nadie les advirtió el riesgo.

En varios de los inmuebles sometidos a la autopsia de MCCI, aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

“Entre ellos familiares de Simón Neumann, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) al inicio del Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Así como Fernando Méndez Bernal, quien en algún tiempo fue presidente del Colegio de Arquitectos —instancia que se encarga de certificar a los DRO— y ahora es asesor del actual director de la misma Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez”, se lee en el portal oficial del proyecto.

Infinidad de testimonios asentados en la investigación conjunta, coinciden en que fueron en gran medida los propios vecinos quienes habían alertado, desde hace años, sobre cómo la corrupción y la negligencia construían una atmósfera de vulnerabilidad en sus colonias.

No obstante, estos gritos de alarma también provenían del ámbito académico. Y tampoco fueron escuchados. En el texto introductorio de ¿Por qué se cayó mi edificio?, se lee que “desde 2006, los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, publicaron el estudio Evaluación de la Observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México. Ahí advirtieron que muchos edificios ‘tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso’, ya que no cumplían con los mínimos requeridos en el Reglamento de Construcciones”.

Llevar a cabo este proyecto implicó encontrarse en el camino con cientos de documentos falsos, con perfiles de servidores públicos que no tenían nada que ver con las funciones que se les asignaba en determinadas dependencias, con presupuestos raquíticos o inexistentes para la reconstrucción.

Después de más de 230 personas fallecidas, 38 edificios colapsados y 5 mil 765 viviendas afectadas —según un conteo oficial que data de octubre del año pasado— los damnificados siguen insatisfechos por el desinterés que han mostrado sus gobernantes para ayudarlos.

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