En las elecciones que tendrán lugar el 1 de julio el crimen organizado tiene particular interés en cuatro estados en los que busca mantener el control del cultivo de amapola, el robo de combustibles y de mercancías de transportes de carga, así lo establece un estudio que será presentado este miércoles y al que Infobae tuvo acceso.
El estudio Tercer Informe de Violencia Política México 2018, elaborado por la firma Etellekt consultores, establece que durante el periodo del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año se han registrado 173 agresiones directas contra políticos y 78 de ellos fueron asesinados.
Las amenazas incluyen intimidaciones, agresiones con armas, secuestros y asaltos, entre otros.
En el 80% de los casos de políticos que perdieron la vida ejecutados se presume la participación del crimen organizado. Las agresiones se han registrado en 29 de los 32 estados del país.
Pero la violencia también alcanzó a sus familias: durante el mismo periodo se registraron 70 atentados contra familiares.
El 1° de julio México enfrentará el proceso electoral más grande su historia cuando los ciudadanos votarán para presidente y 3.400 cargos públicos de todos los niveles.
El sistema electoral mexicano contempla tres etapas: precampaña, intercampaña -que se realizó de septiembre a febrero- y las campaña formal que se inició el 30 de marzo.
Si se analizan las cifras históricas, probablemente se llegue a la conclusión de que éste es el periodo electoral más violento en los últimos años dijo a Infobae Rubén Salazar Vázquez, director de Ettelek.
“Los ataques se concentraron en precampañas e intercampañas, más de 60%, es importante señalarlo porque se requiere reforzar todos los aspectos de seguridad personal de precandidatos y candidatos”, añade.
En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que sólo se brinde seguridad a candidatos registrados, más no a precandidatos.
La seguridad para los candidatos presidenciales está a cargo del Estado Mayor Presidencial. La Policía Federal apoya a los candidatos a Diputados federales y Senadores en caso de que expresen algún riesgo a su persona.
En el caso de los candidatos a gobernadores, diputados locales y alcaldes, la seguridad corre a cargo de las policías estatales.
