En artículos anteriores se señaló que el proceso de densificación de nuestra ciudad, y el atractivo de algunas zonas, ha provocado que muchos edificios se destruyan, y que se sustituyan por otros, que así obtienen mayor valor inmobiliario; lo que ha causado que aumente la presión para construir.

Como ese proceso ha sido muy rápido y muy intenso ha propiciado que se construyan muchos edificios sin los permisos necesarios.

Recientemente, Excélsior informó que en los pasados cinco años en la Ciudad de México se han presentado más de siete mil denuncias de violaciones en los permisos de construcción y de uso de suelo.

Además, hay más de 400 obras irregulares y en 202 casos se aumentó el número de pisos permitido. Se construyeron 71 edificios en zonas patrimoniales y en una área de protección ambiental, y se dictaminó que deben ser demolidos dos de ellos, de 11 y 15 pisos.

Esos datos hacen evidente la cantidad y la gravedad de las irregularidades que han provocado que las nuevas autoridades de la Ciudad de México suspendan en las 16 alcaldías todos los trámites y permisos de construcción hasta el próximo año y han cancelado también la concesión para construir la torre de 50 pisos en la estación del Metro Chapultepec; que como publicamos era una propuesta absurda (21/11/2015).

Lo que es urgente es la construcción de un Cetram en Chapultepec, para transformar realmente esa zona y beneficiar al tráfico vehicular y a los centenares de miles de usuarios que diariamente lo utilizarían. 

La enorme cantidad de irregularidades en esas construcciones puede explicarse de muchas maneras, pero lo evidente es que –desde hace muchos años– se han modificado los usos del suelo, el número de pisos permitido y la cantidad de área libre que se tiene que dejar en el predio.

Aunque esas restricciones están en los Planes de desarrollo urbano de cada delegación –ahora alcaldía– el incremento en la construcción de edificios y la presión para lograr mayores ganancias han propiciado numerosos actos de corrupción para otorgar “permisos”, que justifican las modificaciones a los planes vigentes.

Eso explica la cantidad y gravedad de las irregularidades que –la mayoría de las veces– han sido construidas sin que se les sancione. 

Las autoridades de la ciudad han facilitado la aprobación de las licencias de construcción para poder reducir los trámites y el tiempo para atender todas las solicitudes, exigiendo que los proyectos estén firmados por un perito responsable de que se garantice la seguridad estructural y de que se cumpla con las restricciones del Plan de desarrollo.

Sin embargo, esa responsabilidad ha facilitado que se puedan alterar y modificar las obras con o sin el conocimiento de las autoridades correspondientes.

La cantidad y el monto que representan esas irregularidades es evidencia de que se tiene que actualizar el actual sistema de permisos de construcción y de uso de suelo, que deben ser evaluados y aprobados por un comité, cuyo trabajo tenga la transparencia que requieren esos permisos.

Con esos antecedentes se comprende que el aumento en la superficie construida de las obras y el constante incremento del valor del suelo urbano generan una fuerte presión, que propicia las irregularidades.

De 2006 al 2012, las autoridades de la Ciudad de México, con la participación de promotores inmobiliarios, revisaron, evaluaron y aprobaron colectivamente las solicitudes para la construcción de vivienda; urge que ese valioso ejemplo sea aplicado ahora.