Antes, mucho antes de lo que cualquiera pudiera haberse imaginado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría verse confrontando demandas legales en juzgados y/o instancias multinacionales, la (aquí) cuestionadísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos o, en su caso, la Corte Penal Internacional.

Ello, como pudiera pensarse, no sólo a resultas del torpe manejo que de la cancelación del proceso de construcción del Aeropuerto Internacional de México se hizo en su momento o del poco exitoso proceso que se impulsa ahora para redimir los multimillonarios bonos emitidos para financiar la obra en Texcoco y que mayoritariamente detentan inversionistas institucionales del extranjero sino, ¡sorpresa!, a consecuencia de la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos contra la que, ya hoy, se han presentado poco menos de cuatro mil amparos.

Y esto, porque ante la previsión de que la administración entrante se obstine y consiga imponer el referido ordenamiento, centenares ya, cuando no miles de jueces, magistrados y hasta empleados del Poder Judicial federal, han comenzado a explorar alternativas de acción, la eventualidad de contratar uno o varios despachos internacionales especializados en el manejo de causas como las que nos ocupa ante organismos de corte multilateral, los de cobertura regional primero y, de ser necesarios, la propia Corte Penal Internacional, como mencionamos líneas arriba.

En las últimas semanas, efectivamente, al tiempo que se acrecentaba el activismo de los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados (de Circuito) y Jueces (de Distrito), promotores de los miles de juicios de amparo iniciaron procesos de consulta y evaluación de alternativas a seguir, en concreto, con el costarricense Víctor Rodríguez Rescia, mandamás del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), exintegrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exsecretario adjunto de la CIDH, presidente del Centro de Derechos Civiles y Públicos con sede en Ginebra, Suiza, quien, a decir de quienes promueven su contratación, es un operador y representante más que confiable, en el supuesto caso de que los inconformes decidieran, finalmente, recurrir a instancias internacionales.

Así las cosas entonces, nada parece más claro que la convicción de un número importante de los poco más de mil 400 jueces y magistrados federales de sostener su postura de “combate y abierta confrontación si fuera necesario” con el nuevo gobierno si es que, como se antoja evidente también, éste se empeña en mantener su indefendible (“y hasta ilegal”) postura, —“por altamente injusta…”— de reducir el ingreso y las prestaciones sociales —seguro de gastos médicos y retiro, fundamentalmente— que actualmente reciben.

¿Llegó el diferendo y eventual confrontación entre (los) Poderes Ejecutivo y Judicial para quedarse? Inquietante pregunta ésta…

ASTERISCOS

* Antes que el tiempo les gane, por cierto, no pocos de los senadores morenos-morenos, como ellos mismos se presentan, prevén promover un punto de acuerdo para conocer primero, y reducir o cancelar, incluso, después, las millonarias pensiones vitalicias de que gozan los exministros de la Suprema Corte, la cuestionada titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre ellos, obvio. “La austeridad es para todos”, dicen.

* Inminente el dictamen sobre la calificación de las elecciones en Puebla (nulidad y repetición de comicios) elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, no son pocos los elementos que mueven especular en la existencia de una “cierta línea de arriba…” en su confección y manejo. El que cuatro de sus pares en el Tribunal lo hayan conocido en Cancún, y dos más en Europa, hacen pensar que sólo “regresarán a cortar cabezas…”.

Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.

                Twitter: @EnriqueArandaP