IFT solo puede emitir regulaciones para eficientar radiodifusión y telecomunicaciones: Presidencia. Con Óscar M Beteta

Ahora que el presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República interpusieron dos controversias constitucionales en torno a la regulación de los derechos de audiencia, el consejo jurídico de la Presidencia de la República Humberto Castillejos explicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) solo está facultado para emitir regulaciones para hacer más eficientes los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El funcionario federal señaló que se impugnó el que el Congreso de la Unión otorgó al IFT la facultad de emitir lineamientos generales sobre derechos de las audiencias, pues "el Artículo 28 de la Constitución señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de emitir disposiciones generales exclusivamente en ejercicio de su función regulatoria (…) hacer eficiente el desarrollo de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, mediante herramientas de competencia económica y de hacer eficiente el uso del espectro". Agregó que la Constitución atribuye al IFT posibilidad de "emitir disposiciones generales sobre un derecho humano como es el derecho a las audiencias". En entrevista telefónica con Óscar Mario Beteta, Castillejos precisó que, una vez que la ley lo regulara, "quien podría reglamentar para el ámbito administrativo lo que diga la ley, sería el Presidente de la República", amparado en el Artículo 89. Por lo anterior, al ser inconstitucionales los artículos de la ley que delegan la facultad al IFT de regular el derecho de las audiencias, "devendrían de inconstitucionales los lineamientos establecidos por el instituto y, por tanto, estamos pidiendo la invalidez total de los mismos". Humberto Castillejos señaló que el cumplir con los principios de ofrecer información veraz, oportuna y de poder tener acceso a la pluralidad, como parte del derecho humano a la información, "no puede implicar, sobre ningún motivo, que se afecte la libertad de expresión, que se afecte la libertad de prensa, o que se haga una censura previa de cualquier persona que se quiera expresar mediante la radiodifusión o las telecomunicaciones". Al preguntar si el IFT tomó facultades que no tenía, Castillejos explicó que, en primer lugar la ley le otorgó facultades en la materia, así como que también la ley estableció los parámetros para distinguir entre opinión e información y distinguir entre publicidad y programación, "y el instituto, no sé si bien, no sé si mal, lo que quiso fue reglar con mayor precisión estas obligaciones de la ley, porque fue la ley la que le dijo que lo tenía que hacer". Agregó que la propia ley dijo al IFT que tendría que reglar los códigos de conducta de los medios de comunicación, así como reglar cómo deberían nombrarse a los defensores de las audiencias y su registro. En ese sentido "tenemos una tarea para volver a revisar estos elementos que se incorporaron a la Ley Federal de Telecomunicaciones con mucha precisión, a partir que se dio de los comunicadores de que podía afectarse la libertad de expresión y prensa". Castillejos explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se tendrá que pronunciar de dos maneras: en primer lugar sobre el recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo Federal, "deberá decir si tiene el Ejecutivo razón de que el Instituto (Federal de Telecomunicación) no tiene facultad constitucional para regular las audiencias", en cuyo caso quedarían sin efecto "todos los lineamientos". En el caso del recurso interpuesto por el Senado de la República, si se falla a favor de la controversia de Presidencia de la República, "quedaría sin materia, creo yo", de lo contrario, se tendría que revisar si el IFT se excedió de lo que dice la ley y dar los parámetros de cómo regular los derechos de las audiencias. Mientras esto ocurre, apuntó el consejero de Presidencia, "hay un espacio democrático en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para discutir la forma en que podemos mejorar las leyes", destacando que las leyes, regulación de una sociedad dinámica, se pueden cambiar. jgam