Esto equivale al 13% del Producto Interno Bruto: más el doble del presupuesto público anual que se invierte en salud y en educación. Y tiene una dedicatoria más.
“Es una iniciativa contra los políticos que se hicieron delincuentes y los delincuentes que se hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios para evadir los impuestos”, advirtió el presidente la Comisión de Hacienda y senador del partido Morena por el estado de Puebla, Alejandro Armenta.
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la emisión de facturas de empresas corruptas en complicidad con autoridades lograron desviar miles de millones de pesos a los bolsillos de funcionarios públicos, los hombres de negocios involucrados o sus testaferros (prestanombres) como en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, o el abogado y empresario Juan Collado (aún investigado).
VE ESTO: AMLO cierra gasolineras que negaron servicio a militares en Tamaulipas por temor al narco
La Secretaría de Hacienda calcula que hay 80,000 millones de dólares en “saqueo”, pero prevé recuperar entre el 16 y el 30% con los cambios a Ley de Ingresos de la Federación 2020.
Estas modificaciones que ya se aprobaron en el Senado y ya se encuentran en la Cámara de Diputados, equiparan la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas con delincuencia organizada y los presuntos criminales no podrían llevar el proceso en libertad con el pago de una fianza.
Algunos políticos como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y algunos empresarios consideraron que la iniciativa es una especie de “terrorismo fiscal” porque se castiga por igual la expedición y la venta; la compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Podría ser que los empresarios fuéramos víctimas de engaño o dolo”, advirtió Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; los promotores de ley, dicen que es obligación de las empresas verificar que no haya ilícito por parte del emisor de las facturas, sobretodo aquellas que por el monto se tipifiquen por delincuencia organizada.
Que se castigue a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tema facturero
Para el analista Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, las medidas no deben considerarse como terrorismo fiscal. “Si no se toman medidas lo único es que está haciendo es tapar el negocio a un grupo de trácalas”.
Desde otra visión, la senadora Xóchitl Gálvez, una de las principales opositoras, dijo que el asunto de la evasión fiscal no es de leyes sino de justicia. “Que se castigue a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tema facturero. Van a ver cómo se acaba y no andamos tocando y espantando a los buenos empresarios”.
Comentarios