Hoy Estado de México – enero 22, 2021
Ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) llegaron representantes de las Funerarias Unidas del Valle de Toluca expresando su inconformidad con una queja debido a que no hay suficiente papelería para extender los certificados de defunción, situación que ha causado demoras en la atención de procesos de inhumación y afecta a prerrogativas esenciales, por lo que se inició el expediente número CODHEM/TOL/42/2021.
Gabino Zarza Sánchez y Enrique Bautista Hernández, representantes de las empresas funerarias, indicaron que desde la movilización que se llevó a cabo en Toluca, el 7 de enero, se consiguieron acuerdos con elementos del sector salud del
Edomex y con el Registro Civil; no obstante, tras el aumento de fallecimientos por COVID-19, de nuevo se enfrentan con la escasez de certificados de defunción.
Explicaron que se les atendió y expidió un paquete de certificados de defunción, mismos que se entregaron a médicos adecuadamente identificados y avalados por autoridades de salud, pero no fueron suficientes por la cantidad tan alta de muertes que se han presentado.
Solicitaron al Registro Civil, que las Oficialías estatales atiendan las 24 horas del día y apresuren el proceso de validación de las actas de defunción ya que se requieren para tramitar procesos de inhumación o cremación de cadáveres; sin embargo, les dijeron que los horarios de las Oficialías son de acuerdo a los municipios, por lo que se solicitó a la autoridad municipal apresurar los trámites, cumplir con su trabajo y brindar atención a los familiares de los fallecidos, quienes requieren solidaridad y comprensión.
Asimismo, denunciaron ante la Codhem que en regiones estatales hay médicos que sí expiden certificados de defunción, pero al menos por cinco y siete mil pesos, por lo que solicitan revisar dichos casos, pues la expedición de certificados no debe tener costo.
Finalizaron externando su interés y disposición de laborar de la mano con las instituciones necesarias para atender adecuadamente a los deudos de familiares muertos, que recientemente han aumentado a causa del COVID-19.