Erre&ErreRedacción |
México, MX
31.Mayo.2018
En las ultimas semanas, – prácticamente desde que arranco la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos – una ola de declaraciones por parte de varios de los mas ricos empresarios de México han definido su postura política abiertamente, tratando de incidir también en el voto de sus empleados a través de cartas, comunicados y vídeos de circulación interna – que por supuesto han aparecido ya a nivel nacional a través de redes sociales – , lo cual representa una clara violación a las libertades de los votantes para elegir libremente su presidente, pues antes que sus empleados son ciudadanos.
Este grupo privilegiado de la sociedad ha encontrado en gobiernos priistas y panistas un aliado para desarrollar sus empresas de manera inequitativa y desigual en nuestro país.
Su riqueza se ha visto incrementada en cantidades desmesuradas pero estos ingresos desmedidos no se han reflejado en el activo de la sociedad. Los salarios siguen siendo bajos y no han promovido nunca lo suficiente el desarrollo de la calidad de vida de las familias mexicanas.
Hombres como Germán Larrea, dueño de Grupo México; Héctor Hernández Pons, director general de Herdez; José Antonio Fernández Carbajal, de FEMSA, así como de José Ramón Elizondo, presidente de Grupo Vasconia, Argüelles González, entre otros, han sido quienes se han pronunciado ante un nuevo orden de gobierno que podría dejar de favorecerles como hasta ahora se ha hecho.
Un acto de incongruencia total, cuando sus empresas han sido responsables de daños de grandes dimensiones como el de Grupo México, quien derramo productos tóxicos en el Rio Sonora dejando alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran elevados niveles de plomo en la sangre.
Estos son solo algunos de los daños y riesgos que detectó un estudio de la UNAM para la población de zonas aledañas, tras el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en octubre de 2014.
Por supuesto, la empresa responsable del derrame no había hecho públicos los detalles del informe, y tampoco las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) pues la empresa pidió al gobierno ocultarlos, al ser información privada, cita animal político. (Cabe preguntarnos como el reporte de un daño natural puede ser un documento privado)
Con este basto ejemplo debería quedar completamente entendido porque esta clase de empresarios hacen uso de su voz y de su poder para oponerse ante una posible transición en el gobierno.
Es claro que su interés es personal y para el de sus empresas, las cuales han sido eximidas de toda culpa por los daños graves a nuestra nación y al pueblo de México durante largos años.
Son ellos quienes realmente tienen miedo de que se avecine un gobierno que se pronuncia, al menos a la vista, mas sancionador ante los excesos de empresarios que no han hecho mas que intentar saciar su hambre de poder y su hambre por el dinero a costa de valores como el respeto y la competencia.
Igualmente culpable son los servidores públicos que han visto en la función publica un espacio para la corrupción y el enriquecimiento personal, dejando del lado su servicio a la nación, aunque debemos atender reconocer esto como un problema cultural, es decir, que su solución envuelve a todos los sectores de la población.
Quizá si los empresarios que extienden sus invitaciones a no votar expresamente por Andrés Manuel Lopéz Obrador tuvieran argumentos validos, empresas transparentes, o al menos empleados mas felices, les sabríamos escuchar.
ASÍ NO.
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