El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se enfrenta a una importante responsabilidad cuando se trata de resolver conflictos entre los diferentes poderes tanto a nivel federal como local.
El poder judicial, a diferencia de los otros dos poderes clásicos del estado, no se elige a través de un proceso electoral. Sin embargo, esto no significa que sea menos legítimo. De acuerdo con la constitución, el poder judicial se encuentra al mismo nivel que los poderes legislativo y ejecutivo. Por lo tanto, desacreditar este diseño puede ser considerado algo malintencionado.
La Suprema Corte de Justicia tiene una gran responsabilidad en el equilibrio de poderes, ya que decide sobre asuntos entre los poderes federal y local a través de dos procesos judiciales: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Estos procesos están diseñados para garantizar el equilibrio y solo pueden ser presentados por entidades públicas superiores.
En el ámbito de la justicia, es en ese nivel donde los demás poderes muestran un gran interés y por eso ejercen presión, descalifican e inevitablemente utilizan políticamente los casos.
La jurisdicción mencionada es exclusiva del órgano de justicia más importante del país. Sin embargo, la gran mayoría de los casos, como los laborales, mercantiles, civiles y familiares, son competencia de otros tribunales de la República. Desafortunadamente, el poder político no muestra mucho interés en resolver estos problemas, a pesar de que su solución es crucial para garantizar la seguridad y la paz social.
Durante el mandato del presidente López Obrador, se observa un estilo personal de gobernar en el que busca alinear todo a sus propósitos. Cuando una sentencia de la Suprema Corte no le favorece, la ignora y critica al mismo tiempo que expone a los ministros ante la sociedad, frecuentemente acusándolos de corruptos, vinculados al poder económico y desconectados del pueblo.
El panorama descrito es relevante para analizar la decisión de la Suprema Corte en relación con la disputa planteada por el INAI sobre la falta de nombramientos de comisionados por parte del Senado. Esta omisión impide la conformación completa de este organismo y afecta los derechos de los ciudadanos.
La forma en que se organiza la opinión es la siguiente:
El dos de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió una orden y exhortó al Senado a que, antes de que termine el período de sesiones, someta a votación del pleno las opciones para nombrar a dos comisionados.
Por otro lado, se establece que el pleno del INAI puede operar con solo cuatro comisionados, es decir, con menos del número mínimo requerido según las regulaciones.
La decisión no garantiza que se nombren a los comisionados durante este periodo de sesiones, ya que aunque se le pide al senado que vote las propuestas existentes, es posible que no se alcance la votación requerida.
La Suprema Corte no puede obligar a los parlamentarios a llegar a un consenso y alcanzar la votación necesaria, ya que esto respetaría la soberanía del senado.
La decisión de permitir que el pleno del INAI opere con menos comisionados de los que se requieren según la ley, es preocupante ya que podría modificar la legislación y ser utilizada como una herramienta en los juegos políticos que involucran a otros organismos autónomos.
En resumen, el caso que se ha analizado permite el uso político de una sentencia por parte de los demás poderes, debido a la animosidad que existe por parte del gobierno federal hacia los órganos autónomos. Esto implica que en el Senado se pueda evitar alcanzar el número de votos necesarios para aprobar decisiones y seguir sin poder reunir el quórum legalmente, lo que debilita al Instituto Nacional Electoral (INE) y refuerza el argumento de que este organismo es innecesario y costoso. Además, se argumenta que los recursos económicos destinados al INE podrían ser utilizados para beneficiar a los sectores más pobres, lo cual resulta atractivo en este periodo electoral donde se busca obtener votos.
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