La máxima autoridad judicial de Bolivia ha confirmado la sentencia de 10 años de prisión para la ex presidenta Jeanine Áñez. Áñez se encuentra actualmente detenida en una prisión en La Paz, Bolivia, desde marzo de 2021 por otro caso conocido como "golpe de Estado I", en el que se le acusa de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, relacionados también con la crisis ocurrida en 2019.
Desde marzo de 2021, Jeanine Áñez se encuentra bajo detención preventiva en una prisión en La Paz, Bolivia, debido a otro caso conocido como "golpe de Estado I". Se le acusa de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, así como por su presunta participación en la crisis ocurrida en 2019.
La defensa de Jeanine Áñez, exmandataria transitoria de Bolivia (2019-2020), ha confirmado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país ha ratificado su condena de 10 años de prisión. Esta condena se debe a la forma en que Áñez asumió la Presidencia interina de Bolivia en 2019.
Luis Guillén, quien es abogado y defensor de Áñez, informó a EFE que el Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado la sentencia emitida contra la exmandataria.
Guillén mencionó que, en términos legales, esta era la última opción para anular la condena. Sin embargo, aún existen otros recursos disponibles, como una revisión excepcional de la sentencia y solicitudes de amparo contra la misma resolución.
El abogado mencionó que el grupo de abogados examinará "las mejores alternativas" para seguir defendiendo a la expresidenta, pero opinó que "lo más adecuado será recurrir a la jurisdicción internacional".
Según un informe judicial difundido por ciertos medios locales, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado que el recurso de casación presentado por la defensa de Áñez hace unos meses para anular la sentencia impuesta el año pasado ha sido considerado como "infundado".
En junio de 2022, la Justicia decidió condenar a la expresidenta interina a 10 años de prisión por su participación en el caso conocido como "golpe de Estado II". La Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) fueron los principales acusadores, argumentando que Áñez asumió ilegalmente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
La defensa de Áñez justificó que asumió la Presidencia como segunda vicepresidenta del Senado debido a la ausencia de un líder tras la renuncia de Evo Morales, su vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
Desde marzo de 2021, Jeanine Áñez se encuentra bajo detención preventiva en una prisión en La Paz. Esto se debe a otro caso conocido como el "golpe de Estado I", en el que se le acusa de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, relacionados también con la crisis ocurrida en 2019.
La exgobernante provisional enfrenta al menos siete casos más en el sistema de justicia común.
El partido en el poder afirma que en 2019 hubo un derrocamiento ilegítimo contra Morales, pero la oposición argumenta que las protestas que llevaron a su renuncia fueron consecuencia de un fraude a favor de Morales en las elecciones anuladas de ese año.
Guillén argumentó que la decisión suprema del Tribunal Supremo de Justicia es llamativa porque no aborda varios aspectos, como el vacío de poder que existía cuando la expresidenta asumió el cargo.
De acuerdo con el abogado, el veredicto simplemente señaló que el proceso de renuncia de las autoridades debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, sin embargo, esto solo aplica cuando el Estado está operando de manera habitual, lo cual no sucedió durante la crisis de 2019.
"En este momento podemos observar que esta sentencia viola los derechos y no está en concordancia con nuestros principios legales", añadió.
Según la agencia de noticias EFE,
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