Bernardo Montoya, el presunto asesino de la maestra española de 26 años, Laura Luelmo, pidió en su declaración ante la jueza una condena para “toda la vida”, advirtiendo que, de lo contrario, al abandonar la prisión volverá a reincidir.
“Dejadme encerrado toda la vida. No me dejen salir jamás porque lo volveré a hacer” aseguró Montoya, según adelantó la exclusiva del programa de televisión Espejo Público.
Para la abogada de la familia de la víctima, Patricia Catalina, las palabras emitidas por Montoya ante el juez y la policía buscan justamente lo contrario: un atenuante que reduzca su condena. La letrada afirmó que considera estas declaraciones una estrategia, y recordó que el agresor sexual confeso “trató de hacer una declaración a la carta para intentar conseguir eximentes y cualquier atenuante”.
Afirmó además que desde la acusación van a solicitar la pena más alta para Bernardo Montoya, al tratarse de “un asesinato cualificado en el que hubo una agresión sexual y una detención ilegal”. Agregó que intentarán aplicar la prisión permanente revisable. Esta es la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español, y en los últimos años ha despertado grandes controversias.
Aprobada en 2015 únicamente con los votos del Partido Popular, la organización de centroderecha, la prisión permanente revisable es una condena por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. Aplicarla es bastante complejo, pues la lista de supuestos es cerrada, y debe darse durante el asesinato una circunstancia específica agravante.
Asesinatos múltiples; delitos de genocidio o lesa humanidad; delitos contra la Corona o cometidos por una organización criminal; crímenes en el que la víctima sea menor de 16 años o una persona vulnerable o cuando el asesinato prosiga a un delito contra la libertad sexual¨: estos son algunos de los casos en los que un juez podría contemplar como pena la prisión permanente revisable.
Esta semana, la Guardia Civil ofrecía una conferencia de prensa para compartir algunos de los datos de la investigación que aún no habían sido revelados. Explicaron que Montoya fue considerado desde el primer momento un sospechoso.
“De inicio es un sospechoso, algo que nos daba pie a seguir pendientes de él, pero no sabíamos si la podía tener viva en algún sitio. Además no queríamos que él fuera consciente de que estábamos pendientes de él” explicó el coronel Ezequiel Romero.
El historial delictivo de Montoya, y el hecho de que fuera vecino de la víctima, entonces desaparecida, puso la atención de las autoridades sobre él. Fue el Instituto Armado el que lo consideró en primera instancia como sospechoso, aunque entonces no tenía pruebas que justificaran su detención.
“Supimos que estuvo en el centro de salud de Cortegana, porque se quejaba de un golpe en las costillas, que podría haber sido, en caso de que fuera el autor, fruto de un forcejeo con Laura” añadió Romero. Al conocer este dato, pidieron refuerzos a Madrid para realizar un seguimiento al sospechoso.
También durante la conferencia ante los medios, contaron que las autoridades consideran que la víctima falleció el mismo día de su desaparición, una hipótesis que contradice las primeras afirmaciones, que apuntaban a que la muerte se produjo tres días después de esto.
En su declaración, Bernardo Montoya aseguró que no la asesinó, y que Laura estaba viva cuando él la abandonó inconsciente en el terraplén. Además, juró no haberla violado porque no había podido, a pesar de que lo intentó. La autopsia, en cambio, reveló que la fallecida sí sufrió un ataque sexual.
Los investigadores consideran que Laura fue asaltada por Montoya al salir del supermercado, pues la policía encontró la compra de esta en casa del agresor. Allí habría propinado a la joven un golpe contra el suelo, y la habría intentado agredir sexualmente.
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Source: Infobae
