Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores organizaron “vacunación clandestina” contra COVID-19 aprovechándose de la fase de pruebas de CanSino.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) investigan una presunta “vacunación clandestina”.

Según informes, dos servidores públicos autorizaron dosis de vacunas contra el COVID-19 a múltiples funcionarios.

Estas no fueron las de Pfizer-BioNTech, sino una que apenas se encuentra en Fase 3 de pruebas: la elaborada en China por CanSino Biologics. Al parecer, dos personas relacionadas con la SRE, la subsecretaria Martha Delgado y el ex director Javier Jileta, recibieron dosis no aprobadas.

Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP, envió un oficio al  Órgano Interno de Control de la SRE.

De acuerdo con el documento, el 5 de diciembre de 2020 recibieron un correo electrónico en el cual se denunciaba una “vacunación clandestina”.

Al parecer, esto ocurrió a finales del mes de noviembre: personal de la SRE fueron “voluntariado del ensayo clínico” en las instalaciones de Epic Research, la empresa encargada del estudio de la Fase 3.

Asimismo, Salcedo Aquino señaló que en el mensaje se acusa a la subsecretaria  Martha Delgado y al exfuncionario Javier Jileta. Al parecer, incurrieron en “cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones”.

Estas dos personas dieron “acceso a vacunas (no placebo) NO autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la Administración Pública”.

Además, acusa de convertir a la SRE “en centro de vacunación no autorizado”. Por ello, en el corro electrónico se solicita ayuda de las autoridades: “parar estos actos de corrupción y de privilegio para unos cuantos mientras miles de mexicanos enferman y mueren diariamente”.

Debido a esto, el subsecretario Salcedo Aquino pidió al titular del Órgano de Control de la Cancillería investigar al respecto.

Se presumen faltas administrativas de servidores públicos sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.