Estado de México, dos alertas al día
ECATEPEC, Méx.
En el Estado de México diariamente se emiten por lo menos dos alertas por personas no localizadas, desde niños hasta adultos mayores, muchas de las cuales han pasado los años y no han regresado a sus hogares.
Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, el mayor problema se concentra en los municipios de Ecatepec, que reporta 392 desaparecidos, y Nezahualcóyotl, con 404 personas en la misma situación en la última década, en donde, según activistas, el problema se ha acrecentado en los hombres en los últimos años.
En la entidad mexiquense existen tres categorías para las autoridades cuando una persona no se encuentra: personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, lo que consideran activistas una grave omisión, “pues no se investiga realmente la desaparición de una persona, pensando que se fueron por su propia voluntad”, señaló David Mancera, presidente de la asociación Solidaridad por las Familias.
CÉLULAS DE BÚSQUEDA
Tan sólo en Ecatepec, el municipio más poblado de la entidad, la oficina de la Célula de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Extraviadas y Ausentes contempla que en promedio se reportan uno o dos casos al día.
Javier Pita Herrera, titular de dicha célula, mencionó que en la mayoría de los casos se trata de jóvenes que salen de sus casas por problemas familiares, aunque no descartó que 35% de los casos de los jóvenes se dejan engañar por personas en las redes sociales.
Hablamos de jovencitas de entre 13 14 años de edad; ahí tenemos mucho por hacer, tener mucho cuidado, vigilar con quién interactúa utilizando las redes sociales. Estamos hablando de la adicción que hay al Facebook, al WhatsApp. Muchas veces hacen amistades con personas que no conocen y eso es muy riesgoso”.
Asegura que en esta administración no tienen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, la percepción es diferente para las organizaciones civiles, como Solidaridad con las Familias, que señala que es alarmante la cantidad de alertas que se emiten diariamente, por lo que mencionó que tan sólo de 2015 a la fecha, según cifras de la Fiscalía hay más de cuatro mil 282 reportes de personas no localizadas en todo el estado.
Aunque David Mancera reconoció que en muchos casos los jóvenes se van de sus hogares por su propia voluntad, hay casos en donde son enganchados por medio de las redes sociales y son utilizados para trata, tanto hombres como mujeres.
SE INTEGRAN AL
CRIMEN ORGANIZADO
Resaltó que ello se da por falta de trabajo y se van a incrementar las filas de la delincuencia organizada, “pero también es por la desaparición, la trata de personas con hombres, o sea, trabajos forzados, y eso no lo habían detectado. Entonces tenemos a jóvenes desaparecidos y luego los encontramos muertos, con señales de tortura o tirados sobre la carretera”.
Son gente que falta en su casa, es una silla vacía, son familias enteras saliendo a buscar a su familiar, a su hijo, a su hermano. El padre e hijo que sale a trabajar y padre e hijo que no regresa”.
Una muestra de esta situación es el caso de Fabiola Luquin, quien vivía en la colonia Viento Nuevo, en Ecatepec. En 2012 salió de su casa, tenía una cita de trabajo, que ella ansiaba para festejar el cumpleaños de su hijo Tadeo.
Han pasado seis años y en su hogar todavía hay tristeza, pues no ha sido localizada y las investigaciones están estancadas.
LOS QUE TUVIERON SUERTE
Otros han tenido mejor suerte, como la hija de la María del Rocío Franco, quien vivió horas de angustia luego de que desapareciera su hija de sólo 12 años.
Lo que pasa es que ayer se me desapareció y la verdad no la encontraba. Vine a la cédula municipal a que me apoyaran. Ellos me ayudaron a encontrar a mi hija, estaba desaparecida desde las 4 de la tarde hasta las 12 del otro día. Andaba con un joven de 17 años; mi hija tiene 12 años de edad”.
La menor, quien vive en Cerro Gordo, salió por su propia voluntad, por lo que Rocío Franco señaló que es necesario hablar con los hijos para tengan confianza de platicarles sus inquietudes y evitar que salgan y se expongan a diversos peligros.
-Ángeles Velasco / Corresponsal
Hidalgo, cuatro veces más abusos
TULANCINGO, Hgo.
Era una noche de abril de 2016. Dulce se encontraba en su domicilio, acostada, en su cama, cuando su padre biológico la comenzó abrazar y tocar por debajo de la blusa. A ese tocamiento, días después se siguió la violación.
Los hechos ocurrieron en la colonia La Cruz, de Tulancingo, ciudad a la que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó con la tasa más alta de violaciones, con 39.95 por cada 100 mil habitantes, la cual es casi cuatro veces el promedio de la tasa nacional de 10.31.
En la calles de Tulancingo el día transcurre rutinariamente. En el jardín de La Floresta, el sitio de encuentro más popular de la ciudad, las mujeres pasean, solas o acompañadas; se reúnen con amigas, se abrazan, sonríen. No se miran temerosas o preocupadas.
El día es caluroso, algunas visten ropa ligera, shorts o blusas cortas, pero no se observa acoso o miradas lascivas, y es que la pesadilla se esconde entre cuatro paredes.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2017 en Hidalgo iniciaron 554 carpetas de investigación por violaciones en los 84 municipios de la entidad, de las cuales 68 se integraron en Tulancingo. Además se iniciaron 486 carpetas por “otros delitos sexuales”, 37 de ellas en la ciudad de Tulancingo.
Por el caso de Dulce, la PGJH informó que aportó pruebas en la carpeta de investigación 18-2016-0016 con las que logró una condena de 20 años y 2 meses de prisión, una multa económica y el pago por el concepto de reparación del daño contra el padre de la menor, identificado por sus iniciales como S.Q.I.
Hay casos donde un padrastro, donde un abuelo, donde han sido castigados y donde se les ha generado penas máximas por haber incurrido en estos delitos”, señaló el diputado local por el distrito de Tulancingo Luis Alberto Marroquín Morato, quien reconoció como grave la situación que ocurre en la región. Precisó que la ciudad es distrito judicial y recibe denuncias de municipios circunvecinos.
La PGJH confirmó que en la mayoría de los casos de violación ocurridos en la región, los responsables del crimen fueron familiares o conocidos de las víctimas.
Además del caso de Dulce, la PGJH obtuvo una sentencia de 18 años de prisión contra un padre de familia que abusó de su hija de 13 años de edad, en la colonia El Pedregal, en Tulancingo.
La menor de edad refirió que fue abusada sexualmente por su padre, quien se acercó mientras ella dormía en su habitación”, precisó la Fiscalía hidalguense, que identificó al imputado por sus iniciales como F.M.M., de 54 años.
Marroquín Morato apuntó que “hay situaciones graves, comprometedoras, donde existe una verdadera preocupación en cuestión de violencia familiar, que deriva en un momento dado en afectación a un menor, en acoso, violaciones, situaciones que ponen en riesgo la integridad de las familias”.
Esto nos debe orientar a buscar factores, medidas o programas de prevención o información para que estén al alcance de todos”, señaló el diputado local, radicado en el municipio de Tulancingo.
Juan Carlos Lozada, integrante del colectivo Juntos por Hidalgo, alertó que la cifra de víctimas por delitos sexuales puede ser superior a la que se registra en instancias judiciales, pues, afirmó, por pena, presiones familiares, desconocimiento o por no creer en las instituciones, la víctima no denuncia. “Las violaciones no sólo ocurren contra mujeres, también hay violación a varones que no denuncian; hay temor de hablar, de denunciar”, señaló.
– Emmanuel Rincón / Corresponsal
Zacatecas, la capital de los plagios
ZACATECAS, Zac.
Empresarios, constructores, comerciantes, estudiantes y todo aquel que tiene un nivel de ingresos económico que pudiera ser atractivo para las bandas dedicadas al secuestro se ha vuelto blanco de privación ilegal de la libertad, admitió Marco Vargas, encargado de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas.
La ciudad de Zacatecas, que se ubicó hace una década en la lista de las más seguras del país, poco a poco fue tomada por grupos delictivos dedicados al trasiego de enervantes hacia la frontera norte. Con los años, el consumo local fue generando grandes sumas de dinero en ingresos, principalmente para el Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes para 2010 recrudecieron su lucha por el control de las carreteras y caminos secundarios y también para la venta de enervantes en las calles. Para ese entonces y hasta inicios de 2017 las ganancias eran suficientes para que los cárteles se dedicaran casi de forma exclusiva al cultivo, trasiego, distribución y venta de enervantes.
Durante el año pasado las autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en carreteras, y con ayuda del Ejército centros de operación del narcotráfico fueron detectados y destruidos, las ganancias comenzaron a mermar. Los grupos criminales, con la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera con Jalisco y la división de Los Zetas, que se fragmentaron en el Cártel del Noreste y Los Talibanes, en su afán de seguir manteniendo el control territorial delictivo decidieron incursionar en delitos como la extorsión y el secuestro.
De esta manera y a lo largo de 2017 las noticias de secuestro de personas de mediano capital económico comenzaron a inquietar a la población, una sociedad que por su densidad demográfica aún es sensible a las desgracias de amigos y parientes. Todos comenzaban a tener noticias de alguien cercano víctima de extorsión o secuestro, los grupos criminales, paralelamente, implementaron una estrategia de amenazas a plena luz del día, dando como resultado el asesinato de quienes se oponían a ser “levantados”, como le ocurrió a Antonio Frausto, comerciante de 74 años, ganadero y dueño de la carnicería “La Reyna”, quien el 31 de agosto fue asesinado a balazos. El mismo grupo criminal que lo mató había perpetrado días antes el secuestro de Antonio Alvarado, un hombre de edad avanzada, dueño de una popular y concurrida franquicia de taquerías El Rico Lechón.
La cifra de los secuestros denunciados había aumentado 240% al iniciar el pasado septiembre, y en los dos meses subsecuentes las extorsiones y la privación ilegal de la libertad se convirtieron en noticia diaria entre la población; una gran cantidad de plagios comenzaban a dejar de denunciarse formalmente ante las autoridades, que lidiaban con un incremento nunca visto de expedientes por este delito. El gobierno del estado respondía en el discurso con la promesa de incrementar los operativos del grupo especial antisecuestros de la Policía Ministerial.
Las células dedicadas al secuestro comenzaron a cambiar su estrategia e incrementaron el nivel de violencia para efectuar los levantones, afectando a los familiares de sus objetivos poseedores de capital económico. Fue así como el martes 28 de noviembre una madre llevaba en su vehículo, como todos los días por la mañana, a su hija —descendiente de un reconocido médico— a la secundaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Zacatecas. De pronto un automóvil les cerró el paso y a punta de pistola arrancaron de los brazos de la madre a la estudiante, quien pasó cuatro meses secuestrada y apenas esta semana fue liberada, luego de ser mutilada para incrementar la presión para el pago del rescate. El hecho conmocionó a la sociedad en general.
A inicios de diciembre la asociación civil Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, colocaba a Zacatecas como la entidad que lideraba los índices de secuestros en todo México en relación con la tasa de habitantes, que es de 16.3 víctimas por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional se ubica en 9.25 en la misma relación. Así, Zacatecas tuvo un total de 243 plagios denunciados en los últimos cinco años.
Zacatecas se convertía en la “capital nacional del secuestro” y las autoridades estallaban en cólera por la distinción delictiva. Tanto el gobernador Alejandro Tello como el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, y el procurador Francisco Murillo, iniciaron una campaña mediática asegurando que la comparación era injusta, tomando en cuenta el índice demográfico y no la incidencia real de secuestros. Pero los plagios no paraban.
Aunado al secuestro, la extorsión y el cobro de piso a negocios se han incrementado. Entre la población priva la percepción de que la autoridad sólo implementa operativos exitosos de rescate en tiempo récord cuando la presión mediática es grande y los afectados tienen acceso directo al gobernador o al titular de la procuraduría. Ambos funcionarios suspendieron desde el año pasado las audiencias públicas, donde eran constantes las peticiones de la población que solicitaba protección ante las amenazas o los secuestros consumados.
– Omar Hernández H. / Corresponsal
Source: Excelsior
