Una caravana compuesta de alrededor de siete mil migrantes ha ingresado a territorio nacional con la intención de llegar a suelo estadunidense. Se trata de personas que buscan huir de las lamentables carencias económicas que se viven en sus países —en su mayoría de nacionalidad hondureña—, pero también compuesta de hombres, mujeres y niños de Guatemala y El Salvador.

Las condiciones de pobreza, desigualdad, violencia, de-sempleo, entre otras, los ha obligado a arriesgarse a este largo peregrinar para buscar mejores oportunidades al norte del continente. La inmensa mayoría carece de la documentación necesaria para el ingreso legal al país y varios cientos de ellos han iniciado trámites para permanecer mejor en nuestro suelo patrio.

Ante esta masiva movilización, el presidente Donald Trump ha intentado responsabilizar a los gobiernos centroamericanos —así como al de México— para obligarlos a impedir que los migrantes lleguen hasta su frontera sur.

La respuesta inicial del gobierno mexicano fue errática, pues trató de impedir su ingreso mediante el uso de la policía federal, pero la presión social terminó por tolerar que continuaran su larga y penosa marcha. De forma paralela, ha tratado de organizar una migración legal y ordenada, ofreciendo a los migrantes que deseen refugio en nuestro país, que tramiten una solicitud de asilo ante la Secretaría de Gobernación.

El refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional.

México ha suscrito diferentes instrumentos jurídicos como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares  —entre otros— asumiendo el compromiso ante la comunidad internacional de proteger y promover los derechos de las personas en tal situación, entre los cuales destacan el derecho a la dignidad humana y el derecho a no ser criminalizado.

Hasta ahora, la respuesta de México ha sido insuficiente e insatisfactoria. El gobierno saliente ha dejado de tomar decisiones y el entrante no ha sido contundente, aunque ha prometido visas de trabajo para los migrantes centroamericanos. Ello es comprensible por el momento de indefinición institucional y para evitar una confrontación prematura con el vecino gobierno.

La caravana migrante le ha venido como anillo al dedo al discurso racista e intolerante de Trump, quien lo ha aprovechado para buscar repetir la fórmula que lo llevó a conseguir el triunfo, a un par de semanas de la renovación de la Cámara de Representantes, del Senado y algunas gubernaturas.

El reto que impone el tema de la migración irregular es todo un desafío para el mundo occidental actual. Lo padecen por igual los países ricos de Europa y de América; y ciertamente ningún Estado ni ha resuelto ni se encuentra preparado para hacer frente con éxito al fenómeno de la migración.

El nuevo gobierno va a tener que resolver esta encrucijada y construir una política de migración que equilibre nuestra doble condición de ser un país expulsor y receptor de migrantes al mismo tiempo, obligándose al respeto de los derechos y la dignidad de tantos marginados por la pobreza y el subdesarrollo.

Como Corolario, la frase del secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres: “La migración debe ser una opción, no una necesidad”.