Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías estatales tienen la capacidad de resolver los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales cuentan con la habilidad de resolver casos de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos y periodistas.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México (ONU-DH) cree que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías estatales tienen la capacidad necesaria para investigar y resolver los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos y periodistas en México.
De acuerdo con el informe presentado por la ONU-DH, se concluye que las dependencias encargadas de investigar delitos contra defensores de derechos humanos y periodistas sí cuentan con la capacidad necesaria para llevar a cabo investigaciones de acuerdo a los principios de debida diligencia.
Sin embargo, según Jesús Peña Palacios, quien es el representante adjunto en México de la ONU-DH, no siempre se logra combinar los recursos, habilidades y determinación necesaria para llevar a cabo investigaciones, juicios y castigos en relación a este tipo de crímenes.
La ONU-DH ha publicado un informe que destaca las buenas prácticas y los desafíos en la investigación de 9 casos de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas. El informe alienta a fortalecer las fiscalías para abordar de manera más efectiva estos crímenes.
Anuncio oficial: puedes encontrar el comunicado en el siguiente enlace: https://t.co/Eh9c96M8M
Aquí tienes un informe que puedes consultar en el siguiente enlace: https://t.co/303izPMEZS. Además, hay una imagen adjunta en el tweet.
El 13 de diciembre de 2023, la cuenta de Twitter de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Un
En el informe, se menciona que no se realizaron análisis generales de patrones, sino que se llevaron a cabo análisis exhaustivos de algunos casos que se consideran representativos de los delitos cometidos contra defensores y periodistas.
Se han registrado nueve casos, de los cuales tres corresponden a desapariciones, tres a homicidios y tres a amenazas. Se eligieron los dos primeros tipos de delito debido a su seriedad, mientras que el tercero fue seleccionado por ser el más recurrente.
El informe busca realizar una evaluación basada en diferentes fuentes, como las investigaciones en curso y las entrevistas con víctimas y funcionarios involucrados. Su objetivo es señalar tanto las prácticas positivas como las problemáticas, con el fin de hacer una crítica constructiva.
Existen ciertas acciones recomendadas, como realizar inspecciones en el lugar de los hechos, obtener grabaciones de video, realizar análisis de contexto, involucrar a las víctimas y sus familiares, o implementar medidas cautelares. Sin embargo, estas prácticas no se llevaron a cabo en los nueve casos mencionados.
Las conclusiones señalan que las fiscalías tienen capacidad, pero en la mayoría de los casos no se priorizan ni se agotan las investigaciones relacionadas con el periodismo o la defensa de los derechos humanos.
El informe presenta 16 recomendaciones para las fiscalías del país, a las cuales la ONU-DH también brinda apoyo técnico. Estas recomendaciones incluyen la obligación de investigar exhaustivamente los posibles intereses que podrían afectar el trabajo de las víctimas que se dedican al periodismo o a la defensa de los derechos humanos.
Peña mencionó que también es importante garantizar la divulgación de informes anuales por parte de las fiscalías, en los cuales se incluyan indicadores de desempeño sobre los casos en investigación, acusaciones, sentencias y otras resoluciones judiciales. Estos informes permitirían que los datos se analicen a nivel nacional, con el objetivo de desarrollar políticas públicas integrales que se enfoquen en la prevención.
Además, es importante asegurar que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas participen en las investigaciones, se les mantenga informados sobre los avances y se les brinde acceso a toda la documentación relacionada con el caso.
Por último, también sugirieron la importancia de encontrar y compartir ejemplos exitosos a través de compilaciones organizadas por categorías de crímenes.
Peña concluyó que para combatir la impunidad no basta con fortalecer las fiscalías, sino que también es necesario implementar otras medidas que contribuyan a crear una política pública integral para garantizar el respeto, protección y prevención, así como la justicia para los periodistas y defensores de los derechos humanos.
Desde enero de 2019 hasta septiembre de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha registrado un total de 41 asesinatos de periodistas, 6 trabajadores de medios de comunicación y 91 defensores de derechos humanos que podrían estar relacionados con su trabajo. Además, se han documentado 13 casos de personas desaparecidas.
Según datos proporcionados por EFE
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