Cambio de estrategia

Murilo Kuschick

El gobierno de López Obrador– la llamada Cuarta Transformación-, ha cambiado de estrategia, o, por lo menos, ha re-definido sus fines si bien uno de sus propósitos iniciales había sido la lucha contra la corrupción.

Esta pretensión era más bien retórica, ya que se hacía alusión de hechos de corrupción, como el robo de combustible en PEMEX, el desvío en los gastos en salud, el caso de la compra de medicinas, hasta en el caso de la estancias infantiles, sin embargo, no había denuncias ni funcionarios aprehendidos.

Pareciera que era suficiente hacer referencia al tema y establecer culpabilidades en general, pero no había tiempo ni la confianza suficiente en el sistema de justicia para que, de realizarse las denuncias, los jueces no fueran corrompidos y los casos no se perderían o fueran mal conducidos.

De ahí que haya buscado y encontrado un blanco menos difícil de manejar, pues el sistema judiciario, más allá de la Fiscalía General de la República, que es una institución autónoma, pero que mantiene amplias ligazones con el poder  ejecutivo, es autónomo del ejecutivo y los jueces tienen amplias posibilidades de  ser  corrompidos.

Frente a esta situación, la administración procuró hacer su transformación en ámbitos más susceptibles y más sometidos al control del ejecutivo, como han sido los programas gubernamentales, cómo “Jóvenes Construyendo el Futuro”,  “Sembrando Vida”, “Tandas del bienestar”, etc.

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Todos estos programas sociales eran de manera general las apuestas más importantes del gobierno de AMLO para lograr sacar de la pobreza y la desigualdad a millones de mexicanos; empero,  sea por cuestiones de tipo logístico o por los problemas acarreados por la pandemia, el desplome de la actividad económica del país con muchas empresas cerrando sus puertas,  significa sino reasignar recursos, sí tener que dispersarlo en otras actividades que no habían sido planeadas por la administración, cómo qué hacer con los  millones de desempleados, las empresas  al borde del colapso.

Si bien que el pronóstico del presidente era que la pandemia y la crisis económica que la está acompañando no duraría tanto tiempo y que a mediados de los meses de mayo y junio todo estaría bajo control, eso no sucedió.

Sin embargo, no hemos visto esto, y la sociedad en general, principalmente los opositores y los críticos del  actual gobierno, han comenzado a dirigir un importante arsenal de críticas.

Tales críticas y críticos muestran las deficiencias tanto en el caso del programa de capacitación para que jóvenes consigan su primer empleo, que en muchos se dan en bares, cantinas o pequeños talleres o definitivamente en empresas fantasmas, en el mejor de los casos se ha creado  al empresa o el negocio ex profeso para contratar a los beneficiarios, en el caso de las plantaciones de árboles maderables, frutales o de ornato el  resultado tampoco ha sido alentador, pues,  en muchos casos dado las condiciones oro-gráficas  del país, sus periodos de sequía,  la plantación de  estos árboles y sus pocas posibilidades de sobrevivencia, se dice que  sólo el 10% de las plantas que replantan los campesinos en los suelos áridos y pelones logran sobrevivir  a tanto meses sin lluvia o con demasiada agua y, por lo tanto es poco probable que fines y propósitos tan nobles logren objetivos tan escasos, pues se necesita más que buena voluntad para lograr este tipo de resultados, ya que ni los campesinos, ni  los que impulsan tal programa, cuentan con la tecnología (infelizmente existente o probada en escuelas y universidades extranjeras o en empresas en países como Canadá, Finlandia en donde hay una gran experiencia en la industria maderera).

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Aquí lo que tenemos son campesinos pobres que toman los recursos como una modalidad de sobrevivencia y, algo que continuamente hacen los gobiernos priistas o no, es el asistencialismo. Aun cuando se logren acceder a los objetivos,  los resultados se verán en el largo plazo más allá del horizonte sexenal.

Frente a esta situación y las constantes críticas que ha sufrido la actual administración tanto de parte de la oposición, como de distintos grupos de intelectuales que han planteado distintos tipo de críticas a los intentos de López Obrador por controlar no sólo  la administración pública, sino que también ha insistido en maniatar o desprestigiar todos los  órganos descentralizados que los  gobiernos pasados en aras de lograr ciertos grados de legitimidad habían creado como el Instituto Nacional Electoral (INE, antes, IFE), la  Comisión Nacional para la prevención  de la Discriminación (CONAPRED), han sido atacadas no sólo por los costos que representan, o por los altos ingresos de sus funcionarios, sino por aparente incapacidad para lograr sus propósitos, ya que muchas de ellas, si bien autónomas, como es el caso del INE, no pueden sustraerse de la situación del país en donde una solicitud o una llamada del señor presidente no puede ser simplemente  ignorada.

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En efecto, si bien muchas de éstas instituciones como el INAI (Instituto  Nacional de Acceso a la Transparencia) o el propio INE fueron blanco de ataques presidenciales, la sociedad civil, la prensa, han salido en defensa de tales organismos, y frente a estas posibilidades de  múltiples enfrentamientos y de  luchas incesantes, la actual  administración encontró otro objetivo que difícilmente encontrará oposición en la sociedad, como lo es la lucha en contra de  la corrupción, de ahí la captura de Emilio Lozoya y su traslado al país, además del pedido de extradición de César Duarte.

En el caso de Lozoya, así como en  el caso de las Aduanas, un viejo foco de corrupción en México desde la Colonia hay no sólo un intento de corregir y mostrar la capacidad del Estado para no sólo aprehender peces gordos, que si bien en el caso de Lozoya puede ni pisar la cárcel, ya que si aceptó de manera tan rápida su extradición es a merced de algún acuerdo en donde él, como testigo protegido, se va amparar en el “criterio de oportunidad”, es decir, el hecho de que los beneficios que se obtendrá por aplicar la ley serán insuficientes comparados a los costos, de ahí que en el caso de Lozoya no sólo reparación del posible daño patrimonial, como en el caso de la empresa chatarra Agro Nitrogenados que compró a Altos Hornos de México, sino las denuncias y las posibles imputaciones hacia altos funcionarios y al propio ex presidente Peña Nieto o Luis Videgaray, el más importante colaborador del ex-presidente, el que se logren las condenas talvez pueda mostrar las intenciones del actual gobierno de  combatir la corrupción al mismo tiempo que logra dirigir la opinión pública hacia otras temáticas menos espinosas y que tienen una mayor aceptación tanto del público, como de los medios de información, ya que como se ha mostrado hasta ahora, sólo algunos temas y asuntos que han sido objeto de la actual administración que si bien fueron ampliamente difundidos por los conferencias matutinas del señor presidente han logrado ir más allá de la controversia y la lucha verbal y han conducido a resultados comprobables, por lo que el cambio en la estrategia y los nuevos objetivos puedan conducir  al gobierno de López Obrador  a resultados fehacientes y nuevos apoyos de grupos sociales que han sido  golpeados por la pandemia y la crisis económica en función de los próximos embates electorales del próximo año.