CIUDAD DE MÉXICO.
El Congreso capitalino aprobó los nombramientos de los siete integrantes de la Comisión Técnica que se encargará de la transición de la Procuraduría capitalina a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En sesión ordinaria y por unanimidad con 61 votos a favor, los legisladores avalaron a Ana Laura Magaloni Kerpel, Patricia Lucila González Rodríguez, Karla Sosa González, José Miguel Edgar Cortéz Moralez, Juan Antonino Araujo Rivapalacio, Héctor Carreón Pereira y Layda María Esther Negrete Sansores para integrar este órgano.
El dictamen acordado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local fue presentado desde la tribuna por el diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, quien afirmó que con la integración de la Comisión Técnica inicia un momento histórico.
Explicó que la Comisión Técnica es el órgano colegiado encargado de planear y conducir la transición de la Procuraría capitalina a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a partir del próximo 30 de noviembre y hasta que concluya el proceso.
Luego de que la convocatoria establecía que las entrevistas debían ser públicas, lo cual no se cumplió, explicó que en el proceso de dictaminación se formaron dos grupos de trabajo de diputados para realizarlas los pasados 22 y 23 de noviembre, y se revisó que cumplieran con los requisitos de la convocatoria.
Al respecto, el líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, comentó que el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía no podrá realizarse a marzo de 2019 como lo establece la Constitución local, por lo que deberá reformarse el transitorio que establece plazos para ampliarlos.
Los aspirantes, que de acuerdo con el legislador fueron 20, debían cumplir con una serie de requisitos, entre los que destacan tener nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 30 años de edad cumplidos.
Asimismo, tener título o cédula profesional en materia de derecho, administración o afín, o contar con experiencia socialmente notoria en promoción y defensa de derechos humanos o en actividades de administración y procuración de justicia, derecho constitucional, penal o administrativo.
También, asesoría legislativa o consultoría a instituciones públicas con experiencia mínima de cinco años, no haber sido condenado por delito doloso, no estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones de carácter público.
Así como, no ser servidor público, dirigente o militante de un partido político o de los órganos de dirección en los últimos tres años, gozar de buena reputación, no tener conflicto de intereses y contar con el respaldo de alguna institución académica, de investigación, colegio o barras de profesionales, entre otros.
La convocatoria establece que los aspirantes debían entregar un ensayo de cinco a 10 cuartillas en la cual expondrían sus motivos por las que desean formar parte de esta Comisión, los retos y perspectivas de la administración y procuración de justicia, garantizando los derechos humanos.
**Notimex
jvc
Source: Excelsior