En sus declaraciones más recientes, el presidente López Obrador expresó su descontento con la negativa de emitir una orden de captura contra García Luna y señaló que considera que el Poder Judicial está corrupto y bajo el control de la mafia del poder. En este sentido, el mandatario sugirió que es necesario reformar el sistema judicial a través del voto popular en las próximas elecciones de 2024.
El mandatario López Obrador señaló que el Poder Judicial debe ser renovado por la ciudadanía en los comicios de 2024.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el sistema judicial está corrupto y bajo la influencia de la mafia del poder económico y político. Esto se debe a que un tribunal colegiado confirmó la decisión de no emitir una orden de arresto contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Hemos estado diciendo lo mismo: el sistema judicial está corrupto. Aunque hay algunas excepciones en jueces y ministras, en general, el poder judicial está controlado y manipulado por la mafia del poder económico y político.
Esto es un ejemplo adicional: García Luna ha obtenido protección legal, ya se le había concedido amparo para permitirle acceder a sus cuentas congeladas, ya habían designado a una persona cercana a él como brazo derecho de la presidenta de la Corte, y ahora también se le ha otorgado amparo en una denuncia de corrupción presentada por la FGR. No puede ser más evidente que hay favoritismo hacia él.
Durante la conferencia de prensa de la mañana en Palacio Nacional, López Obrador señaló que es necesario que el pueblo reforme el Poder Judicial en las próximas elecciones de 2024.
“Es necesario que el Poder Judicial sea reformado, y para lograrlo, el pueblo debe participar en la elección para que la Constitución pueda ser reformada en el Congreso. Para lograrlo se requiere una mayoría calificada, no simplemente una mayoría simple”, enfatizó.
Si se consigue obtener la mayoría necesaria, será posible modificar la Constitución para que el pueblo pueda elegir a los jueces, magistrados y ministros, y así desmantelar esta estructura de corrupción y construir un nuevo sistema. Esta es la única manera, argumentó.
La FGR informó que, después de haber conseguido una orden de arresto por enriquecimiento ilícito contra García Luna durante su mandato como Secretario de Seguridad (2006-2012), un tribunal rechazó la orden de detención.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el exfuncionario García Luna está acusado de enriquecimiento ilícito debido a un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos (unos 2.4 millones de dólares). Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito rechazó la orden judicial obtenida.
La FGR emitió un comunicado en el que indicó que la resolución judicial se llevó a cabo a pesar de que se demostró, mediante pruebas proporcionadas a la autoridad jurisdiccional, que el patrimonio del individuo en cuestión es desproporcionado e injustificado en relación a sus ingresos legales, lo cual va en contra de los principios de legalidad y debido proceso.
Se mencionó que, en contra de lo establecido en el artículo 224 del Código Penal Federal en ese momento, que castigaba el enriquecimiento ilícito de aquellos que se beneficiaran de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, el Tribunal compuesto por Alberto Torres, Manuel Bárcena y Gabriela Rodríguez tomó la decisión mencionada de manera ilegal.
En la comunicación, la Fiscalía General de la República mencionó que hay otras tres órdenes de arresto en vigor contra García Luna por distintos delitos.
Según lo reportado por López-Dóriga Digital,
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