Al menos 5 mil burócratas tienen listos amparos contra la Ley de Austeridad Republicana, la cual les impide trabajar en el sector privado hasta después de 10 años de haber dejado el cargo en el gobierno.

Se trata de trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros organismos, las cuales interpondrán el recurso legal una vez que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con uno de los abogados encargado de interponer los amparos, Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, se trata de una legislación  agresiva, que no solamente se aplicará a trabajadores de gobierno que ocupen cargos de alta jerarquía en la administración pública.

“Existe la falsa creencia de que solamente va aplicar a funcionarios de alto mando. Pero están pasando por alto que en el texto dice se aplicará a quienes hayan supervisado o que hayan manejado información privilegiada”, afirmó el litigante.

LEY RESTRICTIVA

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), Fernando Senties, dijo que la restricción de 10 años para trabajar en el sector privado después del paso por el gobierno es excesiva y provocará además de una lluvia de amparos, una desbandada en la administración pública.

“Lo que se está procurando hacer en principio es correcto. Proteger la información que un funcionario tiene para que no sea usad   a por particulares es válido, pero me parece ridículo, exagerado que sean 10 años… Yo fui funcionario público en Canadá y ahí no existe tal limitante”, indicó Sentíes.

ESPECIAL

Defensa. Abogados de los empleados de gobierno ven exagerada la restricción de los 10 años.

Por | EL UNIVERSAL